Durante más de cuarenta días, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aseguró que monseñor Juan Abelardo Mata estaba en su casa. Nadie podía verlo. Sus familiares, sacerdotes, organismos de derechos humanos y medios independientes no lograban confirmar siquiera que el obispo emérito de Estelí, de 80 años, estuviera efectivamente en su vivienda de Tisma, Masaya.
Este jueves 13 de agosto, Mata reapareció en la televisión oficialista. El régimen grabó una entrevista en la vivienda donde asegura que permanece y presentó al religioso aparentemente tranquilo, cordial, sano y risueño, después de semanas en las que creció la presión internacional para que se demostrara que estaba vivo.
La escena es la versión más reciente de un recurso que el régimen Ortega Murillo ha utilizado en los últimos años, cuando la desaparición de un preso político, su estado de salud o las denuncias sobre las condiciones de su encarcelamiento generan demasiada presión: mostrarlo.
A veces lo sienta ante una mesa con comida y familiares. Otras veces lo viste con un uniforme limpio de preso. En algunos casos prepara visitas, revisiones médicas o supuestas audiencias judiciales. También ha colocado al detenido frente a una cámara para que lea o repita que recibe buen trato. Y, cuando ya no puede ocultarse la gravedad del prisionero, como ocurrió con el líder indígena Brooklyn Rivera, muestra incluso una cama de hospital.
Caso Brooklyn Rivera
Uno de los casos más dramáticos fue precisamente el de Brooklyn Rivera Bryan. El histórico dirigente miskito, diputado y líder de Yatama, cayó preso el 29 de septiembre de 2023. Durante 971 días el Estado no permitió que existiera una comprobación pública e independiente de su situación, mientras su familia, organismos internacionales y gobiernos extranjeros reclamaban conocer dónde estaba y en qué condiciones se encontraba.
Cuando finalmente apareció, el 27 de mayo de 2026, Rivera estaba postrado en una cama del Hospital Fernando Vélez Paiz. Se encontraba extremadamente delgado, con traqueotomía, conectado a ventilación mecánica y en una condición médica crítica. El propio informe gubernamental reconoció infección pulmonar, cirrosis hepática, alimentación intravenosa y falla de múltiples órganos.
La prueba de vida terminó convertida en la evidencia del deterioro que durante casi tres años se había mantenido oculto.
El Gobierno acompañó las fotografías con una extensa explicación médica y aseguró que Rivera había recibido atención permanente y visitas periódicas. Su familia cuestionó esa versión y sostuvo que el dirigente indígena no tenía ese nivel de deterioro cuando fue detenido.
Tres días después de aquella prueba de vida, Brooklyn Rivera murió bajo custodia estatal. La CIDH condenó su muerte y recordó que permaneció en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023.
Caso Angélica Chavarría
Cinco días antes de que el régimen mostrara a Rivera, otra desaparecida había reaparecido frente a una cámara: Angélica Patricia Chavarría Altamirano, pareja sentimental del fallecido general Humberto Ortega Saavedra y, por esa relación, cuñada de Daniel Ortega.
Chavarría había quedado bajo control policial junto con Humberto Ortega desde el 19 de mayo de 2024. Después de la muerte del general, ocurrida el 30 de septiembre de ese año mientras permanecía bajo custodia de facto del régimen, la incertidumbre sobre ella se hizo absoluta. La CIDH le otorgó medidas cautelares en enero de 2025 debido a que se desconocía su paradero y consideró que enfrentaba un riesgo grave para su vida e integridad.
Pasaron casi dos años antes de que el Gobierno decidiera mostrarla.
El 22 de mayo de 2026, los medios oficialistas difundieron un video grabado en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres. Esta vez el montaje no pretendía solamente probar que la detenida respiraba. Buscaba que ella misma certificara el comportamiento de sus captores.
Chavarría apareció ante la cámara identificándose por su nombre y explicando dónde se encontraba detenida. Luego leyó un mensaje en el que aseguró haber recibido un trato “digno y respetuoso” de la Policía y del Sistema Penitenciario. Sin embargo, nunca explicó por qué estaba presa.
Caso Fabiola Tercero
Algo parecido, aunque con una escenografía completamente diferente, ocurrió con la periodista Fabiola Tercero.
La Policía allanó su vivienda el 12 de julio de 2024. Desde entonces se perdió todo contacto verificable con ella. Durante 16 meses, organizaciones de periodistas y de derechos humanos exigieron información sobre su paradero. El caso incluso fue llevado a espacios internacionales como un ejemplo de la desaparición de periodistas bajo el régimen.
El 11 de noviembre de 2025, Fabiola reapareció.
El escenario escogido fue su propia casa y junto a su madre. Los medios oficialistas utilizaron las imágenes para sostener que nunca había estado desaparecida. En uno de los videos una voz afirma que Tercero nunca estuvo desaparecida y ella repite esa afirmación. No hubo periodistas independientes, preguntas libres ni posibilidad de comprobar bajo qué condiciones se realizó la grabación. Tampoco quedó claro si gozaba de libertad o permanecía bajo arresto domiciliario.
Caso Yerri Estrada
Meses antes había ocurrido una puesta en escena mucho más elaborada con el médico Yerri Gustavo Estrada Ruiz.
Estrada, médico nicaragüense y costarricense, había participado en las protestas antigubernamentales de 2018 y en movimientos estudiantiles. Fue detenido el 13 de agosto de 2025 en el Hospital Departamental Amistad Japón-Nicaragua, en Granada, después de regresar de una brigada médica. La CIDH documentó que había sufrido persecución desde su participación en las protestas y movimientos universitarios.
Durante un mes se desconoció oficialmente su situación. Su madre, Rosa Ruiz, denunció su desaparición y manifestó temor de que estuviera siendo torturado. El reclamo llegó al Departamento de Estado de Estados Unidos que exigió una evidencia de que continuaba vivo. El 12 de septiembre apareció la respuesta.
El régimen difundió fotografías correspondientes, según la versión oficial, a una visita de su esposa realizada nueve días antes, el 3 de septiembre. Estrada aparecía rapado, con uniforme azul de prisionero, sentado ante una mesa limpia y ordenada. Había platos, alimentos, botellas de agua y servilletas cuidadosamente colocadas. Todo estaba dispuesto para proyectar una visita carcelaria normal.
El régimen no se limitó a divulgar las imágenes. La Cancillería las utilizó para responder a Estados Unidos y desacreditar las denuncias sobre el médico. La fotografía dejó así de ser una simple constancia de supervivencia para convertirse en una pieza de propaganda diplomática.
Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de LA PRENSA, fue detenido el 13 de agosto de 2021 durante la ocupación policial de las instalaciones del periódico y permaneció encarcelado hasta que fue desterrado a Estados Unidos, junto con otros 221 presos políticos, el 9 de febrero de 2023.
Holmann ha explicado que los uniformes limpios que aparecen en estas fotografías no necesariamente corresponden a la ropa que los prisioneros utilizan cotidianamente. Antes de las presentaciones, según su experiencia, podían recibir corte de cabello, afeitado, mejor alimentación y ropa limpia.
Félix Maradiaga, quien pasó 611 días detenido en el Chipote, ha descrito un procedimiento todavía más elaborado. Según su testimonio, antes de algunas exhibiciones se mejoraba temporalmente la alimentación, se permitían determinados productos y se controlaba el peso de los presos. Luego llegaban las cámaras, los alimentos y las bebidas. Terminada la grabación, también terminaba el tratamiento excepcional.
Caso “audiencias informativas”
La experiencia de Holmann y Maradiaga ayuda a entender el mayor montaje colectivo realizado hasta ahora: las llamadas “audiencias informativas” de 2022.
Para entonces las denuncias sobre las condiciones de los presos políticos detenidos desde 2021 se habían multiplicado. Familiares hablaban de pérdida extrema de peso, aislamiento, falta de sol, alimentación insuficiente y deterioro físico. La campaña del organismo Sé Humano comenzó a divulgar retratos hablados elaborados con las descripciones que los familiares hacían después de las escasas visitas.
Uno de los casos que mayor impacto produjo fue el de Félix Maradiaga. Su esposa, Berta Valle, difundió un retrato que mostraba cómo podía lucir después de meses de aislamiento. El régimen terminó exhibiéndolo y las fotografías confirmaron que había perdido considerable peso. Luego vino la operación colectiva.
Entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2022, jueces y magistrados llevaron a 27 presos políticos a actuaciones bautizadas como “audiencias informativas”. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que esa figura no existe en el procedimiento penal nicaragüense y que las comparecencias carecían de una finalidad judicial real. La intención real era montar un teatro para mostrar a los presos.
Por esas presentaciones pasaron Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, José Pallais, Lesther Alemán, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Dora María Téllez, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Juan Lorenzo Holmann y otros opositores encarcelados. Los medios oficialistas tuvieron acceso a las imágenes sin periodistas independientes y con los familiares fuera.
Los presos fueron preparados previamente. Testimonios posteriores de excarcelados describen una mejora temporal de la alimentación con la intención de recuperar parte del peso perdido. Llegado el día, aparecieron aseados, con el cabello arreglado y uniformes de prisión limpios. En las imágenes se repetía un elemento casi ceremonial: la botella de agua colocada frente al reo mientras jueces y funcionarios cumplían la representación de una audiencia cuya existencia jurídica cuestionaban abogados y organismos de derechos humanos.
El esfuerzo no consiguió ocultar completamente el deterioro. Algunos estaban extremadamente delgados y las fotografías permitieron a sus familias comprobar precisamente aquello que el régimen pretendía desmentir.
Caso monseñor Álvarez
El caso de monseñor Rolando José Álvarez Lagos llevó después esa teatralidad a otro nivel.
El obispo de Matagalpa había sido detenido en agosto de 2022 y permaneció inicialmente bajo arresto domiciliario. El 9 de febrero de 2023 se negó a abordar el avión en el que Ortega desterró a 222 presos políticos a Estados Unidos. Al día siguiente fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos que incluían menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Ortega lo atacó públicamente y lo llamó “desquiciado”. Mientras tanto, Álvarez desapareció de la vista pública dentro de La Modelo y comenzaron las exigencias para que el régimen demostrara que seguía vivo.
El 25 de marzo de 2023 llegó la función.
El régimen preparó una sala de visitas de la prisión y sentó al obispo junto a sus hermanos, Vilma y Manuel Antonio. Había cortinas, mesa vestida, comida servida y bebidas. Álvarez apareció con uniforme azul de prisionero, limpio y arreglado. Un periodista de un canal oficialista tuvo acceso a la escena y el religioso dio una breve declaración en la que afirmó encontrarse con fortaleza espiritual.
Nueve meses después hubo que repetir la prueba.
El 2 de enero de 2024, pocas horas después de que el Departamento de Estado estadounidense volviera a exigir su liberación, el Gobierno difundió ocho fotografías de Álvarez durante una supuesta revisión médica. Esta vez la escenografía cambió: ya no era la comida familiar, sino una atención sanitaria, con el obispo acompañado por altos mandos policiales. El mensaje, sin embargo, era el mismo: está vivo y recibe atención.
Álvarez fue finalmente desterrado a Roma el 14 de enero de 2024.
Caso Bayardo Arce
Otro antiguo hombre fuerte del sandinismo terminó pasando por un ritual parecido. Bayardo Arce Castaño, uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN en los años ochenta y durante años asesor económico de Ortega, fue detenido en julio de 2025 en medio de una purga interna. El régimen posteriormente informó que había sido condenado por supuestos delitos de corrupción, defraudación fiscal y lavado de dinero.
Su familia dejó de verlo y comenzaron a circular informaciones sobre un grave deterioro de su salud. Sus seis hijos reclamaron públicamente una prueba de vida y denunciaron condiciones de encarcelamiento que calificaron como tortura.
El 18 de marzo de 2026 los familiares denunciaron públicamente los malos tratos. Dos días después, el 20 de marzo, Arce recibió la visita de su hermano Gerardo en La Modelo. El 22, el Ministerio del Interior distribuyó las fotografías.
Las imágenes mostraban a un hombre considerablemente más delgado. El comunicado oficial ni siquiera ocultó que se trataba de una respuesta a la presión pública: dijo que las fotografías se divulgaban ante el “requerimiento público” de quienes se identificaban como familiares de Arce y calificó esas demandas de “aparentemente malintencionadas”.
