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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero advirtió que no permitirá «la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero» tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.
«Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político», señaló la mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina.
La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el miércoles el Departamento de Justicia de EE. UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hiciera públicos cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán (capital del estado), a quienes vincula con el Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
México recibió solicitudes de detenciones
En su comunicado, la gobernante mexicana explicó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas un día después a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la legislación mexicana.
Sobre la publicación de la acusación por parte de las autoridades estadounidenses, Sheinbaum cuestionó la difusión del documento.
“Esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, señaló.
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La mandataria subrayó que corresponde a la FGR determinar si existen elementos de prueba suficientes para proceder en territorio mexicano.
Sheinbaum insiste en «pruebas contundentes»
«Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción», sostuvo.
Asimismo, criticó que, según la información enviada por Estados Unidos las pruebas se basan en el «dicho de una persona» pero insistió que deben haber «pruebas contundentes» para que se gire una orden de aprehensión.
El caso ha provocado un fuerte sismo político en México, en medio de tensiones con Washington y de la polémica reciente por la presunta presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua en operativos contra el narcotráfico.
Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó «categórica y absolutamente» los señalamientos y los calificó como un ataque contra su persona y contra el movimiento político encabezado por Sheinbaum.
La presidenta insistió en que la relación con Estados Unidos debe darse en términos de igualdad.
«México establece una relación de iguales con todas las naciones. Nunca de subordinación y menos de entreguismo», concluyó.
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