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El juez Wilfredo Ramírez Lacayo, del Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, declaró culpable a un hombre de 45 años de iniciales C.E.G.A. por el delito de violación agravada. La víctima fue su hijastro, quien tenía 8 años cuando iniciaron las vejaciones en 2003, según los medios oficialistas.
Para encontrarlo responsable fue clave una profesora de primaria que apoyó al perjudicado e hizo posible que hiciera la denuncia en 2010, después que intentó hablarlo con su madre, sin que ella le creyera.
De acuerdo con la oficialista Radio Ya, los abusos ocurrieron en un municipio de Managua, luego de años de relación familiar.
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Tras la revelación, la docente activó mecanismos de protección, lo que permitió que el menor saliera del entorno familiar y se trasladara a vivir con su abuela materna. Las autoridades iniciaron el proceso correspondiente.
Forense hundió a acusado
Ahora bien, el proceso judicial había sido suspendido en 2016, luego de que se presentó un escrito en que la víctima desistió de la acusación en contra de su padrastro, según la defensa técnica del acusado, representada por el abogado García Hernández.
Pero el caso fue retomado años después. La versión que se conoce es producto de los medios ligados al régimen, porque en el sistema actual no existe la posibilidad de acceder a los expedientes para los periodistas independientes. Durante la audiencia de juicio, celebrada el lunes 13 de abril, un médico forense retirado rindió testimonio sobre los primeros exámenes practicados a la víctima.
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De acuerdo con el especialista, los estudios iniciales no evidenciaron lesiones recientes, pero sí señalaron indicadores médicos compatibles con agresiones antiguas. De carácter crónico. Eso resultó consistente con el período en que la víctima denunció haber sufrido los abusos.
Durante el debate de imposición de la pena, la Fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión, el máximo establecido en Nicaragua para el delito de violación agravada. Por su parte, la defensa solicitó 6 años de prisión, considerando circunstancias «atenuantes» que, a su criterio, deben ser tomadas en cuenta por la judicial. Pero los detalles completos de estos no han sido publicados por las autoridades judiciales y únicamente de manera parcial y muy limitada por los medios de propaganda de la dictadura.
