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Siete meses han transcurrido desde el asesinato de María Migdonia Téllez Peña, de 54 años, quien fue ultimada de manera brutal por un hombre que la acusó de ser una bruja. El agresor, Pedro Pablo Obando Silva, de 34 años, se ensañó contra la víctima y la sometió a torturas hasta causarle la muerte. El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2025 en la comarca La Concha, del municipio de El Rama, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.
De acuerdo con versiones divulgadas por medios oficialistas, la mañana de ese día Pedro Pablo Obando Silva sostuvo una discusión con María Migdonia Téllez Peña a raíz de una carta de venta relacionada con un toro. Presuntamente, la mujer le exigió la entrega de la documentación correspondiente a la compra del animal, lo que habría provocado la reacción violenta del hombre.
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El reclamo derivó en un altercado que escaló rápidamente, pasando de un intercambio verbal a agresiones físicas violentas por parte del acusado. Pedro Pablo Obando Silva —quien fue diagnosticado con esquizofrenia de acuerdo con un dictamen médico forense— tomó un garrote y golpeó a María Migdonia Téllez. Cuando la mujer ya se encontraba casi inconsciente en el suelo, el agresor la amarró de pies y manos y posteriormente la ató a un caballo.
En su afán de torturar a la víctima, el hombre azotó con fuerza al caballo para obligarlo a avanzar y arrastrar a la mujer. Entre gritos de auxilio, María Migdonia suplicaba ayuda, pero nadie acudió en su defensa. Según el libelo acusatorio, el recorrido —de casi dos kilómetros— fue suficiente para provocarle lesiones graves en todo el cuerpo.
Cuando María Migdonia ya agonizaba, devastada por el dolor y la violencia sufrida, su agresor volvió a atacarla sin piedad y la golpeó una y otra vez, hasta arrebatarle la vida. El cuerpo de la mujer no resistió más. Según el dictamen oficial, la causa de su muerte fue un trauma craneoencefálico severo con hemorragia intracraneal, resultado final de una agresión prolongada y brutal.
La llamaba bruja
El hombre, descrito por quienes conocieron el caso como un sujeto violento y sin remordimiento, acusó en todo momento a su víctima de ser una “bruja” e incluso aseguró haber recibido una supuesta “orden espiritual” para asesinarla.
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Esta narrativa, lejos de ser un hecho aislado, abrió un profundo debate sobre la persistente violencia machista en el Caribe nicaragüense y la pasividad —cuando no complicidad— de las autoridades policiales, que permiten que creencias misóginas y justificantes del crimen sigan permeando la respuesta institucional.
María Migdonia pasó a engrosar la lista de 75 nicaragüenses víctimas de femicidios en Nicaragua durante el año 2025, de acuerdo con un reporte publicado por el Observatorio Voces en el Exilio, organización que documenta y da seguimiento a los casos de violencia letal contra las mujeres.
El 16 de septiembre de 2025, durante la audiencia preliminar, la entonces jueza María Adela Vargas Duarte admitió la acusación presentada por el Ministerio Público por el delito de asesinato agravado contra Pedro Pablo Obando Silva. En esa misma diligencia, la judicial ordenó prisión preventiva para el acusado y programó la audiencia inicial para el 29 de septiembre del mismo año.
Durante la sesión, la defensa —a cargo del abogado Juan Carlos Marín— presentó documentación médica en la que se alegaba que el acusado padecía esquizofrenia paranoide, con el objetivo de que se evaluara su estado mental al momento de cometer el crimen. La jueza acogió la solicitud y ordenó su remisión a un psiquiatra forense en Juigalpa para una valoración especializada.
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Pese a ello, Vargas Duarte determinó que existían elementos suficientes para elevar el caso a juicio oral y público. Posteriormente, el dictamen médico forense confirmó que el acusado presentaba un diagnóstico de esquizofrenia.
Proceso judicial y diagnóstico psiquiátrico
Durante el debate de imposición de la pena, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial que se aplicara al acusado la pena máxima de 30 años de prisión, argumentando la gravedad de los hechos y la forma en que estos fueron ejecutados. La Fiscalía sostuvo que el acusado actuó con ensañamiento contra la víctima, al someterla a un trato cruel e inhumano, pues —según lo expuesto— la arrastró violentamente desde la vivienda donde ella habitaba hasta otro domicilio distinto, conducta que agravó las consecuencias del delito.
Posteriormente, el acusado la dejó abandonada a su suerte, evidenciando, a criterio del órgano acusador, un total desprecio por la vida y la integridad física de la víctima. En contraposición a esta petición, el abogado Juan Marín, solicitó a la nueva jueza Bertha Raquel Balmaceda López, del Distrito Penal de Juicios de El Rama, que al momento de individualizar la pena se valoraran determinadas circunstancias atenuantes.
En particular, la defensa destacó la admisión espontánea de los hechos por parte del acusado, la cual —según argumentó— fue realizada de manera voluntaria y sin presión, como una manifestación de arrepentimiento genuino. Con base en este elemento atenuante, el defensor pidió que se impusiera la pena mínima establecida por la ley, de 20 años de prisión.
Finalmente, la jueza Bertha Raquel Balmaceda López dictó sentencia con fecha 24 de octubre de 2025. No obstante, el acta judicial correspondiente no detalla el monto específico de la pena impuesta al acusado, limitándose a consignar la fecha del fallo sin precisar la duración de la condena.
