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El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, solicitó formalmente a la Cancillería interceder ante el Gobierno de Nicaragua para reforzar de manera “urgentísima” los patrullajes en el río San Juan, como parte de las acciones para frenar el saqueo minero en Crucitas y Conchudita, en la zona norte de ese país.
Mediante una nota dirigida al canciller Arnoldo André Tinoco, Zamora pidió que Costa Rica solicite operativos de seguridad en la ribera del río San Juan, que sirve de frontera natural entre ambas naciones.
“Me suscribo a efectos de solicitar que la Cancillería de nuestro país interponga sus buenos oficios ante el Gobierno de la República de Nicaragua, con el propósito de solicitar que en el río San Juan se incrementen el número y la frecuencia de patrullajes de seguridad”, señala el documento.
Acusan al crimen organizado
El Ministerio de Seguridad advirtió sobre la presencia de grupos vinculados al crimen organizado transnacional que estarían operando en la zona fronteriza. Según las autoridades, estas estructuras realizan la sustracción ilegal de sedimentos en territorio costarricense y posteriormente los trasladan en barcazas hacia puntos ubicados en territorio nicaragüense, en el margen norte del río.
Zamora subrayó, que un mayor despliegue de vigilancia en el río San Juan permitiría contener estas actividades ilícitas que, según indicó, se ha intensificado en las últimas semanas.
El ministro explicó que la situación en Crucitas y Conchudita se ha agravado recientemente. Hace apenas una semana, compareció ante el plenario de la Asamblea Legislativa para solicitar la aprobación del proyecto de ley 24.717, que busca regular la exploración y explotación minera, como una medida para enfrentar la problemática desde el ámbito legal y económico.
Ocuparon tómbolas
En paralelo a la gestión diplomática, Zamora informó este fin de semana que han ocupado de 176 “tómbolas”, dispositivos utilizados en la actividad minera ilegal.
Se trata de cilindros metálicos de distintos tamaños y capacidades, con un peso aproximado de 140 kilos cada uno y un valor que puede alcanzar hasta tres millones de colones por unidad, según este dato, el decomiso tendría un valor cercano a 1.1 millones de dólares.
“Gracias al trabajo constante de la Fuerza Pública, hemos logrado que 176 de estos dispositivos sean quitados a los grupos de coligalleros y puestos a disposición judicial. Trabajo permanente de la Fuerza Pública con resultados evidentes sobre el terreno”, afirmó el ministro en un video difundido en las redes sociales institucionales.
Las autoridades aseguraron que continuarán reforzando las operaciones, incluyendo acciones dirigidas a las zonas donde se producen estos artefactos, con el fin de impedir que lleguen a manos de estructuras dedicadas a la minería ilegal en Crucitas.
El Ministerio de Seguridad insiste en que la cooperación binacional y el fortalecimiento de la presencia policial en el río San Juan son claves para contener el avance de estas actividades ilícitas en la frontera norte.
El pasado 16 de febrero el ministro de Seguridad costarricense aseguró que las empresas mineras chinas de Nicaragua compran el oro que se extrae ilegalmente en el lado costarricense del río San Juan, denuncia que presentó en una sesión extraordinaria ante el Parlamento.
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Hace una semana también indicó que los mineros artesanales pasaron de explotar 900 a 3,000 hectáreas, por lo que las actividades de extracción no solo son en Crucitas, sino que se han extendido al sector llamado Las Conchuditas, en la zona norte de Costa Rica.
