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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el mes próximo, la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace poco más de un año.
Un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato reveló el miércoles a la AFP que la cita entre los presidentes sudamericanos y Trump se realizará el 7 de marzo.
Todos esos líderes son más o menos cercanos al mandatario republicano, que ha hecho de las relaciones con sus vecinos del Sur un eje inesperado de su política exterior.
«Donald Trump convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina», informó por su lado el medio Infobae. «Los presidentes invitados exhiben una manifiesta sintonía ideológica con Trump, y aparecen como sus socios estratégicos en la región».
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El plan de sacar a China del hemisferio occidental
América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir, en opinión de Trump.
China lleva lustros invirtiendo en la región, y Trump quiere revertir esa tendencia con una política que alterna el palo y la zanahoria: intervenciones en Venezuela, ataques en el Caribe, un bloqueo petrolero contra Cuba o amenazas a los grandes países de la región (Brasil, Colombia) que se atrevan a plantar cara.
Fiel a su particular visión personalista de la política, Trump es capaz sin embargo de dar giros inesperados, como sus conversaciones telefónicas con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o la acogida que dispensó la semana pasada al líder colombiano, Gustavo Petro, tras meses de insultos mutuos.
«La cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping (presidente chino) para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina», señala Infobae.
Al concepto geopolítico aportado por la Estrategia de Seguridad Nacional, donde se propone restringir la actuación de jugadores extraterritoriales en América Latina, se sumó la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que privilegia a la región y establece mecanismos de disuasión frente a China, añadió Infobae.
Milei, el más cercano
Del grupo inicial de mandatarios que acudirá a Miami, el argentino Javier Milei es el más cercano ideológicamente, y es el líder que más veces ha visto a Trump, empezando por las propias festividades que organizó el republicano tras su histórica victoria electoral de noviembre de 2024.
Argentina ha recibido ayuda financiera del Tesoro estadounidense, ha firmado un tratado de libre comercio y está dispuesto a acrecentar esa relación con la apertura a la inversión del vecino del Norte en sus yacimientos de tierras raras, una de las obsesiones de Trump.
Milei acudirá previsiblemente luego a la Argentina Week organizada a partir del 9 de marzo en Nueva York, una cita de negocios para atraer inversiones.
El salvadoreño Nayib Bukele es otro aliado clave porque decidió colaborar desde el primer momento con la dura política antimigratoria de Trump.
El Salvador acoge regularmente aviones con migrantes ilegales e incluso ha aceptado ingresar en sus cárceles de alta seguridad a los que tienen historiales criminales graves.
Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador y Tito Asfura, de Honduras, son líderes decididos a imitar en parte el modelo de seguridad ciudadana de Bukele, aunque cada uno de ellos tiene sus propias prioridades respecto a Washington.
El caso de Asfura
Asfura fue recibido el pasado sábado por Trump en Florida, y el republicano se vanagloria de haberlo apoyado decisivamente en la campaña electoral.
Estados Unidos además le dio todo su respaldo en el largo y controvertido conteo de votos, que puso a prueba el sistema electoral hondureño.
Asfura está dispuesto a colaborar en temas de combate al narcotráfico y migratorios, pero tiene también un objetivo: lograr que Trump revierta el fin del estatuto de protección temporal (TPS) que benefició a miles de hondureños durante años.
