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Familiares de presos políticos en Venezuela advirtieron este martes que «más de la mitad» de los detenidos estarían excluidos del proyecto de ley de amnistía, aprobado por el Parlamento en primera discusión y en proceso de consulta pública para su segundo debate y aprobación definitiva.
«Son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía, si se aprueba sin escuchar a las víctimas», advirtió Andreína Baduel, dirigente de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), en una concentración de familias y activistas frente al Palacio Legislativo, sede del Parlamento.
La activista denunció que el proyecto de ley propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no cubre detenciones ocurridas en años como 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, cuando ocurrieron «más de la mitad de los casos» que tienen registrados.
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Artículo detalla los años
En la propuesta se habla de que la amnistía es para los casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero en el artículo 6 se detallan algunos años específicos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Baduel denunció que las familias no han sido escuchadas en el proceso de consulta pública y recalcó que una amnistía «no es la única vía» para lograr la liberación de los detenidos.
«Hay diversos mecanismos en la ley que pueden hacer que liberen a los presos políticos sin tener que seguir prolongando el dolor con acciones burocráticas», insistió.
Nulidad de procesos, dice activista
A su juicio, la revisión de casos de todos los presos políticos ya implicaría «libertad inmediata» porque, aseguró, «todos esos procesos están viciados de nulidad porque no cumplen con los protocolos apegados a la ley».
Además, señaló que la amnistía no significa «olvido e impunidad», sino que debe haber «reparación para las víctimas».
«Estamos aquí denunciando que no solamente se materialice el cese de la represión, el cese de la persecución, el cese de las detenciones arbitrarias, sino que realmente haya garantías para la justicia y para la no repetición», añadió.
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Decenas de familiares de presos políticos encerrados en diversas cárceles, incluyendo El Rodeo I (Miranda, norte), Yare (Miranda, norte), Tocuyito (Carabobo, norte) y comandos policiales, se congregaron alrededor del Parlamento, en el centro de Caracas, para exigir ser escuchados en el marco de la consulta pública del proyecto de ley de amnistía.
426 excarcelaciones a la fecha, según ONG
Los diputados chavistas Jorge Arreaza, líder de la comisión que discute la ley, y Pedro Infante, vicepresidente del Parlamento, recibieron a los familiares, que designaron una comisión que ingresó a la sede legislativa para exponer sus cuestionamientos y «preocupaciones» sobre el texto.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, informó el lunes que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, mientras que el Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 897 personas desde diciembre, sin que se haya publicado un listado oficial.
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