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Las ciudades santuario de Estados Unidos que se han negado a prestar colaboración con los agentes federales encargados de llevar a cabo la campaña de deportaciones de migrantes ordenada por el presidente Donald Trump son blanco de una agresiva represión, como la que sufre actualmente Mineápolis.
Trump considera que estos gobiernos locales infringen la ley y protegen a delincuentes, aunque no impiden ninguna operación de los agentes del cuerpo de inmigración, el ICE.
¿Qué son las ciudades santuario?
Según el Centro de Estudios sobre Inmigración, hay 200 ciudades santuario en 13 de los 50 estados del país.
«Estas ciudades no participan en la detención de personas y desalientan, sin obstaculizar, cualquier forma de cooperación activa con el gobierno federal» en materia de expulsiones de migrantes, explica David Schultz, profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Hamline.
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El movimiento de ciudades y estados santuario surgió en la década de 1980, cuando miembros del clero, políticos de izquierda y activistas ayudaron a acoger a inmigrantes que huían de los conflictos que asolaban Centroamérica.
Vivir en una ciudad santuario significa, en la práctica, que las personas indocumentadas pueden obtener más fácilmente documentos de identidad, por ejemplo.
Algunas de ellas también facilitan el acceso a determinados programas de salud o vivienda. El gobernador del estado de Minesota, donde se encuentra Mineápolis, escenario de una campaña de redadas contra migrantes por parte del ICE, reiteró que su estado no era un santuario, contrariamente a lo que había afirmado el Departamento de Justicia el pasado mes de agosto.
Mineápolis, en cambio, es considerada una ciudad santuario. Su alcalde, el demócrata Jacob Frey, declaró en la CNN: «Queremos que las personas indocumentadas puedan llamar a los servicios de emergencia sin temor a ser deportadas».
el 30 de enero de 2026. CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Trump: «Santuarios para delincuentes»
El presidente estadounidense ha calificado estas ciudades como «santuarios para delincuentes».
El gobierno federal ha ordenado el despliegue de agentes del ICE en varias ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, como Chicago o Los Ángeles, para llevar a cabo redadas para detener y expulsar a migrantes.
Trump también ha enviado a estas ciudades, así como a Washington DC y Portland, a militares de la Guardia Nacional, para apoyar el trabajo de los agentes de migración con el pretexto de garantizar su seguridad.
Tom Homan, responsable de la política de expulsiones del gobierno federal enviado por Trump a Mineápolis, aseguró recientemente que «todas las ciudades santuario son peligrosas. Las ciudades santuario son santuarios para los delincuentes y el presidente Trump no lo va a tolerar (…) Las ciudades santuario son ahora nuestra prioridad».
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¿Qué futuro le espera a estas ciudades?
El conflicto entre Washington y los gobiernos de las ciudades santuario ha llegado a los tribunales.
El gobierno federal solicitó, en una carta fechada el 24 de enero, a Mineápolis y a la cercana St. Paul que pusieran fin a sus políticas de santuario.
El estado de Minesota ha demandado a la administración Trump para que detenga, aunque sea temporalmente, las redadas de la policía de inmigración.
Según el fiscal del estado, estas operaciones constituyen una violación de la Constitución estadounidense, que protege la soberanía de los 50 estados.
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El caso puede sentar jurisprudencia para eventuales demandas de otros gobiernos locales contra las políticas federales.
Un juez federal prohibió esta semana la detención de refugiados que no tienen la condición de residentes permanentes, pero que residen legalmente en el estado de Minesota.
Otro magistrado federal consideró «probable que el ICE haya violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que algunas agencias federales durante toda su existencia».
