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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo asignó a los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) la función de vigilar, monitorear y autorizar movimientos de los exreos de conciencia tras su salida de la cárcel, confirmaron tres fuentes que han dado seguimiento a las excarcelaciones que se han producido desde noviembre pasado.
Según el Mecanismo para el reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, 24 fueron sacadas de la cárcel durante enero de 2026. En noviembre del año pasado, otros 18 fueron excarcelados. De acuerdo con las fuentes consultadas, ambos grupos vivirían bajo extrema vigilancia de la Policía y de los oficiales del partido.
Nicaragua tiene en la actualidad al menos 44 presos políticos. Pero la cifra es mayor con seguridad, porque no incluyen al menos 60 personas que fueron detenidas recientemente por expresarse a favor de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, realizada por las tropas especiales del Ejército de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero.
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«Básicamente hay que notificar. Adicional hay que ir a firmar a la estación policial diario», dijo una fuente. «Todo sigue igual: ellos tienen ciudad por cárcel, pero el mayor control es de los secretarios políticos», añadió una fuente.
En el esquema represivo del Estado, los secretarios políticos tienen presencia en los territorios y operan bajo el mando de Murillo con una influencia notable en las instituciones, desde donde su poder se extiende paralelo a las autoridades formales. A veces los mismos funcionarios ocupan el cargo político e institucional.
Las fuentes cercanas a los opositores comentaron que, pese a que las excarcelaciones siempre son presentadas como actos de buena voluntad por la dictadura, lo cierto es que los afectados tienen la obligación de notificar a los secretarios políticos las salidas de su departamento. Eso incluye viajes, cambios de residencia o cualquier “movida relevante”. Eso también significa una profundización de la represión.
Modalidades de la represión
El control ejercido por la dictadura, a través de la firma de los perseguidos en las estaciones de Policía, es una modalidad de represión que estrenaron en mayo de 2023 cuando al menos 57 personas fueron capturadas en 13 departamentos, fueron trasladadas a Managua, acusadas en sesiones secretas, para regresarlas después a sus casas e imponerles la obligación de reportarse periódicamente ante la Policía.
La novedad es el protagonismo que dan a los secretarios políticos. En León, por ejemplo, José Ramón Sarria, en su calidad de representante del FSLN, prohibió que un exprisionero de conciencia viajara a Managua a finales de año. Aquello estuvo lleno de crueldad, porque el afectado buscaba atención médica en la capital, confió la fuente que pidió no ser citada.
«Una forma de tortura»
Yader Valdivia, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, repudió ante LA PRENSA este abuso. «Esto no sólo se convierte en una vigilancia, sino en un asedio, se vuelve una amenaza y el hostigamiento incluye personas menores de edad —muchas de estas personas excarceladas tienen hijos— o personas adultas mayores con enfermedades crónicas que despierta daños en su salud», dijo.
El Colectivo calificó esta vigilancia como una extensión de la clase de tortura psicológica a la que eran sometidos estos ciudadanos en las prisiones. «Es algo planificado por el régimen, es un control por encima de lo judicial y por eso no podemos decir, como Colectivo, que estas personas se encuentran en libertad porque no pueden movilizarse libremente en Nicaragua», afirmó.
Para Yader Morazán, especialista en administración de justicia, esto «constituye una sustitución ilegítima e inconstitucional del control judicial, porque sustituye el mecanismo de seguimiento por un control político partidista».
En Nicaragua, la dictadura maneja sus actuaciones fuera de la legalidad. Desde febrero pasado, tras la entrada en vigencia de la nueva Constitución, los poderes del Estado dejaron de ser independientes y son coordinados ahora por el Ejecutivo. Aunque el sector justicia depende desde hace décadas del Ejecutivo, da la impresión de que se ha caído una última careta al darle protagonismo a los secretarios políticos.
«Es una escalada más en la forma en que ha evolucionado la represión judicial y cómo se ha centralizado el poder en el Ejecutivo únicamente», añadió Morazán.
Hay que recordar que los secretarios políticos tuvieron participación en la represión, según un informe de Naciones Unidas. En abril de 2025, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos (GRHEN) señaló a 54 funcionarios involucrados en los abusos. El documento de 234 páginas menciona directamente a secretarios políticos que, además, ocupan cargos públicos como Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua; Leónidas Centeno, alcalde de Jinotega; Sadrach Zeledón, alcalde de Matagalpa, entre otros.
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Según fuentes consultadas, los secretarios políticos controlan los programas sociales del Estado, los presupuestos municipales, inauguran proyectos y pasan incluso encima de la autoridad de los alcaldes, cuando ocupan el cargo. Morazán destacó que esta estructura se complementa con los cambios a la Constitución implementados en febrero de 2025, que impregnaron a la administración de una lógica incluso más partidista. La vigilancia de los presos políticos ahora es completamente partidaria.
«Están fortaleciendo las estructuras territoriales para descargar ese tipo de obligaciones en figuras político-partidarias que están en el territorio estrictamente», dijo el experto y aclaró que hablar de una «liberación» de presos políticos es engañoso.
Un nuevo tipo de cautiverio
«No podemos hablar de una libertad condicional, para empezar. En términos legales, es una forma encubierta de privación de la libertad de facto bajo la administración político-partidaria. Es una continuidad de un acto de represión sin control judicial, sin una resolución motivada y sin una posibilidad real de defensa, lo que sigue limitando la libertad de estas personas», precisó Morazán.
Es una limitación que sobrepasa a la propia ley, pues «en el momento en que tenés que rendir cuentas a alguien que no tiene ninguna facultad por la ley para exigirlo, entonces está siendo privado de la libertad por un mandato gubernamental que descansa en una figura civil», continuó Morazán.
Según él, esto se agrava en tanto la figura del secretario político no tiene un mandato fijado por ley, no está sujeto a funciones que limiten su actos legalmente y, en su caso concreto, responden a una autoridad plenamente desacoplada de la administración civil: el poder de la pareja dictatorial. «Les están dando un mandato bajo una orden institucional a una figura civil que no tiene ningún tipo de jurisdicción ni competencia», lamentó.
Algunos de los excarcelados
Entre los reconocidos como presos políticos el primero en ser excarcelado fue Yerri Estrada, un joven médico detenido en Granada en agosto de 2025. En septiembre de ese mismo año, ante presiones de los Estados Unidos, la dictadura lo presentó a modo de «prueba de vida» en una serie de fotografías y le impuso una forma de arresto domiciliario en noviembre.
Entre noviembre y diciembre de 2025 se registraron varias excarcelaciones. El 8 de noviembre salieron tres adultos mayores: Leo Catalino Cárcamo Herrera, Julio Antonio Quintana Carvajal y Fabio Alberto Cáceres Larios, detenidos por supuestas actividades opositoras.
El 29 de noviembre liberaron al menos a ocho personas, entre ellas: Carmen Sáenz, Lesbia Gutiérrez, Evelyn Guillén, Alejandro Hurtado Díaz, Eliseo Castro Baltodano, Evelyn Matus Hernández, Valmore Valladares y Mauricio Chavarría. El 1 de diciembre salieron: Yolanda González Escobar, Carlos Vanegas, Luis Francisco Ortiz Calero y Octavio Enrique Caldera, todos opositores detenidos en redadas previas.
Muchas de estas personas fueron capturadas simplemente por expresar disidencia en redes sociales. En total, durante ese periodo liberaron a alrededor de 35 personas, incluyendo 17 no identificadas previamente como presos políticos por miedo a denunciar.
Excarcelación de enero 2026
Pero en esos casos tampoco fueron liberaciones plenas, sino traspaso a regímenes de arresto domiciliario o confinamiento municipal. Luego vino la excarcelación del 10 de enero de 2026, la más numerosa hasta la fecha, con estimados variando de entre 19 y 30 personas excarceladas, dependiendo de la fuente consultada. El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua ha reconocido a 24 excarcelados, seis de los cuales no figuraban en sus listas.
Casos destacados fueron el del pastor evangélico Rudy Palacios y su familia, a los que la dictadura acusó de conspiración y otros actos criminales, tras ser detenidos en julio de 2025; y el exalcalde liberal Óscar Gadea, de Santa María de Pantasma, al que se le apresó por su oposición a la dictadura. Estos últimos casos salieron en el contexto de las presiones realizadas por Estados Unidos que demandó la libertad de los presos políticos, metiendo presión a la dictadura de Nicaragua, mientras tropas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela.
Aunque la dictadura intenta dar señales de apertura a Washington, las fuentes consultadas por LA PRENSA sostienen que la asignación a los secretarios políticos del FSLN demuestra que la vigilancia es extrema en el contexto represivo que ordenó el régimen Ortega Murillo.
