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El Gobierno de Costa Rica denunció este martes un supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales, en las que el oficialismo es favorito.
Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrito a la Presidencia, dijo que ese organismo supo del presunto complot el lunes por una «fuente confidencial» que, según él, dio cuenta del pago a un sicario que ejecutaría el atentado.
«Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República», declaró Torres a periodistas a las puertas de la Fiscalía, adonde acudió para denunciar la supuesta trama.
Hay una sospechosa muy «activa en redes»
Tras la diligencia, el fiscal general, Carlo Díaz, informó a reporteros que se investiga a una sospechosa a quien describió como «bastante activa en redes sociales», sin ahondar en detalles.
Según el medio digital CR Hoy, se trata de una mujer de 62 años, de apellidos Chinchilla Mora, quien contacta a un hombre de identidad desconocida.
«En concreto, se comunicó que la señora llamada Chinchilla Mora sostuvo una conversación vía WhatsApp con ignorado, en la que se desprende que ella pagó y ordenó a un sicario para atentar contra la vida del señor Rodrigo Chaves. Se aporta el extracto de una conversación a través de WhatsApp entre ignorado y aparentemente la señora Chinchilla Mora», dice la denuncia, informó CR Hoy.
La denuncia se conoce en la antesala de los comicios generales del 1 de febrero. La exministra conservadora Laura Fernández lidera ampliamente la intención de voto, con un discurso centrado en la mano dura para enfrentar la creciente inseguridad ligada al narcotráfico.
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También trascendió el mismo día en que llegará al país en visita oficial el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de quien Chaves es admirador, para poner la primera piedra de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros
Otrora uno de los países más seguros del continente, Costa Rica, de unos 5.2 millones de habitantes, cerró 2025 con una tasa de 16.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a 11.2 del 2020.
Fiscal no ve vínculo con elecciones
Fernández, considerada la sucesora del gobernante costarricense, busca ganar en primera vuelta y obtener una mayoría contundente de diputados para controlar el Congreso y reformar el poder judicial, como hizo Bukele. La visita, según la oposición costarricense, es propaganda para lograr esos objetivos.
El jefe de Inteligencia evitó opinar sobre si el supuesto plan criminal, del cual no dio mayores detalles, está relacionado con la contienda electoral.
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«No quisiera ahondar en eso», señaló el director de la DIS, un órgano de Inteligencia bajo el mando del presidente.
El fiscal general, de su lado, descartó en principio un vínculo con los comicios. «No lo vemos esto con ningún ámbito electoral», sostuvo.
Díaz agregó que no le extrañaba que «miembros del poder Ejecutivo reciban amenazas», al recordar que también los fiscales que persiguen al crimen organizado están sometidos «generalmente» a intimidaciones.
«Por la importancia de la investidura del presidente, sin ningún tipo de interés político, la vamos a tratar», garantizó el fiscal general.
Reforzarán seguridad
En Costa Rica no está permitida la reelección inmediata, por lo que Chaves no se puede postular, pese a su alta aprobación, que según la oposición está basada en un discurso populista y retórico.
Torres manifestó además que la seguridad de Chaves y su familia serán reforzadas y que espera celeridad en las investigaciones de la Fiscalía, uno de los organismos con los cuales el presidente ha mantenido un duro enfrentamiento en sus cuatro años de gestión.
El choque de poderes también abarca a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones, a los que el mandatario acusa de sabotaje contra su gobierno.
Por su parte, los jefes de estas instituciones acusan a Chaves de no respetar la independencia de poderes y le atribuyen derivas autoritarias que buscan desmantelar el Estado de Derecho costarricense, reconocido internacionalmente.
Chaves, economista de 64 años, enfrentó el año pasado dos procesos en el Congreso sobre el retiro de su inmunidad, uno por un caso de presunta corrupción y otro de participación en política electoral, pero fueron rechazados en votación del plenario legislativo.
