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Dos copresidentes
La reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero de 2025 legalizó la figura de “copresidenta”, otorgándole a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, un poder equivalente al suyo. Las modificaciones, aprobadas en segunda lectura el 30 de enero de 2025, establecieron que ambos copresidentes ejercerían funciones por seis años. Desde entonces, los “acuerdos presidenciales” son firmados por Ortega y Murillo como copresidentes. Es un caso sin paralelo en el mundo: una pareja con poder institucionalizado a nivel constitucional y funcional.
Daniel Ortega, enfermo y cada vez más ausente, comparte el poder con Rosario Murillo, quien desde hace años ejerce como mandataria de facto. La figura fue blanqueada en discursos oficiales que los presentan como “copresidentes de la República”, un caso sin comparación en el planeta. Lo que comenzó como una delegación informal de tareas terminó consolidándose en práctica institucional: órdenes conjuntas, resoluciones firmadas en pareja y hasta discursos presidenciales dobles.
Policía bicéfala
En agosto de 2025 se consumó otro experimento inédito: la Policía Nacional de Nicaragua ahora tiene dos jefes. La reforma constitucional aprobada por orden de Ortega y Murillo permitió nombrar a dos jefes de manera simultánea, algo que no se registra en ningún otro cuerpo policial del mundo. Hasta entonces, existía una jefatura nacional colegiada, pero con mando único. Ahora, la fuerza policial responde a dos cabezas, ambas subordinadas directamente a la pareja presidencial. La medida busca evitar fracturas internas, repartir cuotas de poder y, sobre todo, garantizar lealtades absolutas. En la práctica, significa duplicación de mando, competencia entre pares y una confusión jerárquica que desnuda la paranoia de un régimen obsesionado con blindarse de traiciones.
Elecciones sin candidatos
En 2021 el régimen llevó la lógica represiva al extremo: convocó elecciones presidenciales, pero encarceló a todos los aspirantes opositores con posibilidades reales de competir. Más de media docena de precandidatos fueron arrestados bajo cargos fabricados, desde “lavado de dinero” hasta “conspiración”. El resultado fue una votación sin rivales, donde Ortega y Murillo se proclamaron vencedores absolutos. Aquella farsa electoral demostró la contradicción de celebrar comicios en los que la ciudadanía no podía elegir, sino apenas ratificar a los gobernantes.
Reformas sin freno
Pocas cartas magnas en el mundo han sufrido tantas alteraciones en tan poco tiempo como la de Nicaragua. Desde el retorno de Ortega al poder en 2007, la Constitución ha sido cambiada más de una decena de veces, con una facilidad pasmosa. En los últimos dos años, las reformas se acumulan con frenesí: desde eliminar la prohibición de la reelección presidencial hasta introducir disposiciones extravagantes como la doble jefatura policial. La Asamblea Nacional, totalmente sometida al oficialismo, actúa como simple notaría que registra los caprichos de Ortega y Murillo. Lo que en cualquier democracia implicaría amplios debates y consensos, en Nicaragua se aprueba en cuestión de horas. La ley suprema se ha convertido en plastilina al servicio de una pareja que gobierna con lógica dinástica. Sólo en esta semana se aprobaron, en primera tanda, dos reformas constitucionales en cuestión de horas. Todo un récord.
Guerra contra la Iglesia
Uno de los blancos predilectos de la dictadura es la Iglesia católica. El informe más reciente de la abogada Martha Patricia Molina, presentado esta semana, documenta con detalle la escalada de persecución: más de mil ataques contra templos, sacerdotes y fieles desde 2018. El régimen ha encarcelado obispos, expulsado congregaciones religiosas, confiscado propiedades y cerrado emisoras católicas. Incluso ha llegado a prohibir procesiones y festividades tradicionales, calificándolas de “provocaciones políticas”. La hostilidad hacia la Iglesia responde al papel que esta jugó como mediadora en las protestas de 2018 y a su persistente voz crítica frente a la represión. Nicaragua es hoy uno de los pocos países donde profesar públicamente la fe católica puede considerarse un acto de resistencia política.
Juicios virtuales
Otro rasgo peculiar de la dictadura nicaragüense son los llamados “juicios virtuales”. Los presos políticos son procesados desde las celdas mediante videoconferencias controladas por el régimen. No se les permite presencia física en el tribunal, acceso a abogados de confianza ni revisión de pruebas. Todo se realiza en audiencias secretas, sin observadores ni garantías mínimas de defensa. Los jueces, obedientes a las órdenes de la pareja gobernante, dictan condenas prefabricadas. Este mecanismo, instaurado tras 2018, elimina cualquier posibilidad de justicia real y convierte al sistema judicial en una maquinaria automatizada de represión. Es un modelo sin precedentes en la región, que mezcla la tecnología con el autoritarismo más burdo.
Gobierno de familia
El régimen de Ortega y Murillo funciona como una monarquía disfrazada. No sólo gobiernan en pareja como copresidentes de facto, sino que han convertido al Estado en patrimonio familiar. Sus hijos controlan sectores estratégicos: Laureano Ortega maneja negocios internacionales y relaciones con países aliados como un canciller de facto; Camila Ortega está al frente de la moda, la televisión estatal y la asistencia a Rosario Murillo; Juan Carlos y Daniel Edmundo Ortega Murillo controlan los medios de propaganda; Rafael Ortega supervisa empresas familiares. Todos ostentan poder político o económico, sin haber sido electos. El país se gobierna como empresa privada en la que la familia define cargos, recursos y alianzas. El nepotismo alcanza niveles extremos, consolidando a la dinastía Ortega Murillo como la única dueña del poder en Nicaragua.
