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El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable este lunes por el delito de soborno en actuación penal a testigos, según emitió el fallo la jueza penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.
«El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado», Liliana al evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá, para que éste no declarara sobre los supuestos vínculos del expresidente con esos grupos armados ilegales.
Se trata del juicio más mediático que ha enfrentado el país y un fallo que, por primera vez, podría condenar penalmente en primera instancia a un expresidente de Colombia.
Por este caso, que se remonta a 2012, Uribe enfrenta una posible condena de entre seis y doce años de prisión por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
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El político de derecha de 73 años, que gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban.
Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas marxistas.
El testigo principal
Monsalve, principal testigo del caso, hizo parte del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que era de propiedad de la familia de Uribe.
En su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, que fue la primera que abrió la investigación a Uribe como parte de una disputa con Cepeda, Monsalve testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas los hermanos Uribe Vélez.
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Según su versión, en esa hacienda se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones paramilitares, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.
La jueza aseguró que es «ostensible que el acusado (Uribe) conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve» al inducirlo a que cambiara su testimonio ante la justicia.
Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado que tomó el caso, José Luis Barceló, no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
Con información de EFE y AFP
