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Estados Unidos negó «el debido proceso» a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron el miércoles expertos independientes de la ONU.
Los migrantes fueron deportados luego de que en marzo el presidente Donald Trump invocara la «Ley de Enemigos Extranjeros» de 1798 (Alien Enemies Act) que sólo se había utilizado en tiempos de guerra.
Desde entonces, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización «terrorista» por Washington.
En muchos casos, la ley de 1798 invocada por Estados Unidos «parece haber sido mal aplicada para negar sus derechos, rechazar una revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contra del derecho internacional sobre los derechos humanos», dijeron cerca de 20 expertos independientes de la ONU.
«La falta del debido proceso ha llevado a decisiones arbitrarias de deportación», agregan en un comunicado los expertos que tienen el mandato del Consejo de Derechos Humanos, pero no hablan en nombre de Naciones Unidas.
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El carácter «sumario» de las decisiones tomadas por la administración estadounidense «fue claramente insuficiente para determinar si las personas corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador», continuaron.
La fiscalía venezolana saludó el pronunciamiento de los expertos destacando las denuncias, preocupaciones y llamados del grupo y, en especial, subrayó la «condena» a la ley estadonunidense de 1798 «aplicada incorrectamente».
«Nuevo Guantánamo»
Los expertos también están alarmados por la reputación de las cárceles salvadoreñas.
Los migrantes deportados están encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una megaprisión de alta seguridad creada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para los pandilleros.
«Hacemos un llamado al gobierno salvadoreño para que permita a las agencias independientes de monitoreo el acceso inmediato y sin trabas a las cárceles que albergan deportados», dijeron los expertos, quienes también exigen «respeto inmediato» a los derechos de los presos.
«Estoy muy preocupada por el Cecot», dijo a AFP Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura y firmante del comunicado, denunciando «graves problemas de maltrato físico, aislamiento prolongado, golpizas y muertes, incluidas muertes por desnutrición, palizas y estrangulamiento».
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«Cuanto más superpoblado está un establecimiento, mayor es el riesgo de tensiones. Se convierten en ollas a presión», apunta la experta, quien teme que Cecot «pueda convertirse en el próximo centro de detención tipo Bahía de Guantánamo».
Estados Unidos y El Salvador también se han negado a devolver a algunos de los deportados, aunque jueces estadounidenses han instado a ello.
«Hacemos un llamado a los dos gobiernos para que cooperen en su devolución a Estados Unidos, así como a cualquier otra persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar», afirman los expertos.
También creen que el gobierno estadounidense abusa de la ley de 1798 y piden al Gobierno que deje de usarla y que aplique las leyes de inmigración regulares.
Llamado a la ONU
Varias decenas de organizaciones estadounidenses y profesionales del derecho de varios países pidieron el martes a Naciones Unidas que actúe sin demora ante la detención de estos migrantes deportados.
El acuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo salvadoreño «constituye una grave violación del derecho internacional» y de los derechos humanos, dicen los firmantes de la carta, dirigida entre otros al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
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El mensaje, firmado por asociaciones estadounidenses, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), académicos, abogados y juristas de Estados Unidos y otros países, pide a la ONU que tome «medidas inmediatas, y hable públicamente sobre el tema e inicie una investigación sobre los términos del acuerdo y las condiciones de detención de los migrantes deportados.
