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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este martes acciones legales contra la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por considerar que se han violentado los derechos de las autoridades indígenas tras la captura del viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y el líder comunitario Héctor Chaclán, por su participación en las protestas de 2023.
«Estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia», declaró el mandatario durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura (sede de Gobierno) rodeado de decenas de autoridades indígenas de todas las regiones de Guatemala.
Arévalo de León informó que su Gobierno accionó un amparo en el Organismo Judicial contra Porras Argueta al considerar que ha «alterado las formas de organización» de las autoridades indígenas del país con capturas que considera ilegales.
La acción del presidente guatemalteco llega una semana después de que el Ministerio Público (Fiscalía) capturara a su viceministro Pacheco y al líder indígena Chaclán por supuesto «terrorismo» en su participación en las protestas de 2023 en defensa de los resultados electorales que se obtuvieron ese año en el país.
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«Si por el Ministerio Público y el pacto de corruptos hubiera sido, yo no habría llegado al poder. Pero seguimos firmes. Este Gobierno nombrará a la próxima fiscal general dentro del marco de la ley en 13 meses, fortaleciendo la democracia. No promoveremos rupturas constitucionales, porque eso es lo que buscan», agregó Arévalo de León.
Destitución de Porras y otras sanciones
El mandatario guatemalteco pidió al Congreso reformar la ley interna de la Fiscalía para poder destituir a Porras de su cargo.
En 2023, Porras Argueta, junto a la cúpula de la Fiscalía, intentaron por medio de varios casos judiciales revertir los resultados electorales que dieron como ganador de forma sorpresiva al candidato del Movimiento Semilla y durante más de 100 días miles de pobladores, encabezados por autoridades indígenas, protestaron contra los esfuerzos del Ministerio Público.
Porras Argueta y sus funcionarios cercanos se encuentran sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la Unión Europea acusados de corrupción y actos antidemocráticos.
El viceministro Pacheco fue enviado a prisión preventiva y la Fiscalía asegura que más personas serán procesadas por el caso que involucra las protestas de 2023.
