El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, planea imponer multas diarias de hasta 998 dólares a migrantes que permanezcan en el país pese a tener órdenes finales de deportación. Esto, según una investigación firmada por los periodistas Ted Hesson y Kristina Cooke, de la agencia Reuters.
Estas sanciones podrían aplicarse de forma retroactiva hasta por cinco años, lo que resultaría en deudas que superen el millón de dólares por persona. Además, se contempla la posibilidad de confiscar bienes a quienes no paguen las multas.
Ley del 96 aplicada en 2018
Esta medida se basa en una ley de 1996 que fue aplicada por primera vez en 2018 durante el primer mandato de Trump. En ese entonces, se intentó imponer sanciones de cientos de miles de dólares a nueve personas refugiadas en iglesias, aunque luego se retiraron.
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Posteriormente, se ejecutaron sanciones menores, en torno a los 60,000 dólares por persona. Cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, detuvo la aplicación de estas multas y eliminó las políticas relacionadas. Sin embargo, la administración actual busca reactivar y expandir esta herramienta con un alcance mucho mayor.
Más presión
Las autoridades estadounidenses están instando a los migrantes en esta situación a abandonar el país de manera voluntaria mediante la aplicación CBP Home, anteriormente conocida como CBP One.
La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, afirmó que «si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias», incluyendo la sanción económica diaria a partir del vencimiento de la orden de deportación.
Confiscaciones
Esta política podría afectar a aproximadamente 1.4 millones de personas que ya han recibido órdenes de expulsión por parte de un juez migratorio.
Además, se está evaluando utilizar el poder de la división de confiscaciones civiles del Departamento de Justicia para ejecutar embargos de propiedades de aquellos que no paguen las multas. Sin embargo, la implementación de estas sanciones presenta desafíos logísticos, incluyendo la necesidad de actualizar sistemas y contratar personal adicional.
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Críticos de la medida argumentan que su objetivo es infundir temor en las comunidades migrantes más que hacer cumplir la ley, y advierten sobre el impacto económico y familiar en hogares mixtos, donde conviven migrantes con ciudadanos o residentes permanentes.
Se estima que alrededor de 10 millones de migrantes sin estatus legal o con protecciones temporales viven en hogares de estatus mixto en Estados Unidos.
