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La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este lunes una orden de una jueza que exigía al gobierno del presidente Donald Trump repatriar a un migrante salvadoreño que fue deportado erróneamente el mes pasado.
Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue enviado junto a más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, a una megacárcel de El Salvador como parte de la ofensiva de Trump contra los migrantes en situación irregular.
La jueza de distrito Paula Xinis ordenó el viernes que sea repatriado a Estados Unidos antes de las 23H59 del lunes, después de que los abogados del Departamento de Justicia reconocieran un «error administrativo» en la expulsión.
Un tribunal federal de apelaciones confirmó la decisión. El juez Harvie Wilkinson escribió: «No cabe duda de que el gobierno metió la pata aquí».
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«Los hechos de este caso presentan así el potencial de una preocupante laguna legal: a saber, que el gobierno podría llevar a individuos a prisiones extranjeras en violación de las órdenes judiciales y luego argumentar (…) que ya no son sus custodios, y que no hay nada que se pueda hacer», dijo.
«No hace falta mucha imaginación para entender que este es un camino de perfecta anarquía, uno que los tribunales no pueden tolerar», dijo Wilkinson.
La administración Trump apeló a la Corte Suprema de mayoría conservadora, que emitió una suspensión de la orden de repatriación de la jueza de distrito mientras se considera el caso. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, pidió a los abogados de Ábrego García que presentaran sus argumentos antes de las 17H00 (21H00 GMT) del martes.
Ley enemigos extranjeros
Ábrego García vivió en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría estar en peligro en El Salvador.
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La administración Trump reconoció nuevamente en su solicitud ante la Corte Suprema que la deportación de Abrego Garcia a El Salvador fue un error, pero añadió que podría ser expulsado «a cualquier otro lugar del mundo».
Estados Unidos envió tres aviones con migrantes indocumentados a El Salvador el 15 de marzo.
La administración Trump alega que la mayoría de los deportados pertenecen a la pandilla venezolana Tren de Aragua, pero algunos abogados sostienen que sus clientes no son pandilleros, no han cometido crímenes y fueron tomados como blanco por sus tatuajes.
Trump invocó la poco conocida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar su expulsión sumaria.
Otro juez de distrito, James Boasberg, ha prohibido a la administración Trump llevar a cabo más deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que solo se ha utilizado anteriormente durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
La administración Trump ha apelado la orden de Boasberg ante la Corte Suprema. Pide poder reanudar los vuelos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En su apelación ante la Corte Suprema, integrada entre otros por tres jueces nominados por el republicano, la asesora jurídica interina de la administración del presidente Trump, Sarah Harris, dijo que el caso es una prueba clave de la autoridad presidencial sobre los tribunales.
«Este caso plantea preguntas fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional en este país», el presidente o los jueces, dijo Harris. «La Constitución proporciona una respuesta clara: el Presidente».
