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Las autoridades del estado fronterizo Chihuahua informaron que existen acuerdos entre Estados Unidos y México para que este último país reciba a migrantes deportados de cuatro nacionalidades, entre ellos nicaragüenses.
El medio mexicano Milenio, que tuvo acceso a fuentes que estuvieron presentes en una reunión donde se abordó el tema, informó que las nacionalidades cuyos migrantes Estados Unidos no puede enviar a sus países son: Nicaragua, Cuba, Haití y algunos hondureños.
Según la información, el acuerdo entre EE. UU. y México permite que la administración del presidente Donald Trump envíe a migrantes de esas nacionalidades, además de los mexicanos, en un horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
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Hasta ahora, las autoridades mexicanas no se han referido públicamente al tema. Sin embargo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, se construye el Centro de Atención a Migrantes, instalado por el Gobierno Federal para recibir hasta 2,500 migrantes deportados.
Además hay en construcción otros nueve centros para la recepción de migrantes, ubicados en: Tijuana y Mexicali, en el estado de Baja California; en Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora; en Nueva Rosita, en Coahuila; en El Carmen, en Nuevo León, y en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
No hay cifras de cuántos extranjeros retornados ha recibido México a la fecha.
Ortega en silencio
Desde la administración de Joe Biden, el régimen de Daniel Ortega estaba calificado como uno de los países “en riesgo de incumplimiento” de acuerdos para recibir migrantes deportados. Y hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial ante las inminentes deportaciones de nicaragüenses que se encuentran indocumentados en Estados Unidos.
Hasta noviembre de 2024 45,995 nicaragüenses que esperaban ser deportados, a pesar de que no estaban detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A diferencia de países de la región, el régimen de Ortega ha guardado silencio y no ha habido un solo pronunciamiento sobre qué ocurrirá con los migrantes retornados. Esto pese a que nicaragüenses que incluso se encuentran legales tras su llegada bajo programas temporales como el parole humanitario, están en riesgo de deportación, según los planes de Trump.
