El derecho a no ser torturado es uno de los 38 artículos derogados por la reforma constitucional que está en marcha en la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Actualmente, el artículo 36 de la Constitución Política nicaragüense establece que «toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley». Con la reforma este artículo quedará eliminado.
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Desde 2018, cientos de nicaragüenses han denunciado las agresiones físicas y maltratos verbales de parte de los policías, tras haber sido arrestados por participar en las protestas civiles que demandaban la salida de Daniel Ortega del poder.
Entre los testimonios más graves hay abusos sexuales, golpizas grupales, arrancar las uñas, lesiones por mordeduras de perros, entre otras agresiones físicas.
Los presos políticos que han sido excarcelados y desterrados también han denunciado numerosas torturas psicológicas, entre estas, intensos interrogatorios, aislamiento indefinido en celdas selladas y totalmente oscuras.
El grupo Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua (UDJ) se mostró preocupado por la derogación y recordó que «el derecho a no ser torturado es uno de los pocos derechos absolutos que existe y que no puede ser limitado bajo ninguna circunstancia».
Adolescentes podrán ser juzgados a partir de los 13 años
Otro artículo que será eliminado es el 35, referido al derecho que tienen los menores de edad a «no ser sujeto ni objeto de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno».
En cambio, el artículo 31 de la reforma establece que «las niñas y los niños que no hubieren cumplido los trece años de edad no estarán sujetos a la justicia penal especial del adolescente, estarán exentos de responsabilidad penal y serán atendidos por instancias especializadas».
«Los y las menores de edad que tuvieran 13 años cumplidos y menos de 18 años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o falta, estarán sometidos a la justicia penal especial del adolescente. La ley regula esta materia».
Denuncias de tortura desde 2018
En 2018, más de 300 personas murieron por la represión armada contra las protestas civiles, según informes de organismos internacionales de derechos humanos. Desde entonces, cientos de personas han sido detenidas, procesadas judicialmente, encarceladas y desterradas del país la mayoría. Todavía queda un grupo de al menos 50 personas identificadas, que fueran detenidas por críticar al regimen, pero se cree que hay más que no han sido identificadas.
La dictadura de Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha sido acusada de cometer delitos de lesa humanidad por expertos internacionales, debido a la brutal represión policial contra las protestas en 2018.
La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) denunció en las redes sociales su preocupación por esta derogación.
«Si bien las personas presas políticas vienen sufriendo torturas desde 2018, conculcar este derecho de la Constitución es un atropello. El derecho a no ser torturado es uno de los pocos derechos absolutos que existe y que no puede ser limitado bajo ninguna circunstancia», expresa UDJ en X (antes Twitter).
Reforma constitucional
La reforma en proceso, enviada por el dictador Daniel Ortega, hace cambios significativos en más de 100 artículos de la Constitución Política de Nicaragua, entre estos para aumentar un año más en el período presidencial y el periodo de los alcaldes del país, que ahora será de seis años; también establece la figura de «copresidenta», cargo que ha ejercido de facto por años su esposa, Rosario Murillo.
Toda la reforma constitucional integra las violaciones que Ortega ha cometido desde que regresó al poder en 2007, como el control total de los poderes del Estado, que hasta ahora eran independientes, al menos en papel.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que la reforma será «discutida» mañana viernes 22 de noviembre, lo que significa que también será aprobada sin problemas como ya es habitual, debido a que los diputados oficiales son mayoría y el resto de legisladores no se oponen y ni cuestionan las leyes enviadas por el dictador Daniel Ortega.
