La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más exigió este jueves justicia para las víctimas de la ‘Operación Limpieza’, una estrategia con la que el Gobierno que preside Daniel Ortega puso fin a las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que el mandatario calificó como un intento de golpe de Estado.
«A seis años de esta cruel represión contra el pueblo de Nicaragua, este Colectivo demanda justicia para todas aquellas familias que perdieron a sus seres queridos» en la denominada ‘Operación Limpieza’, abogó ese organismo integrado por activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, donde tienen su sede.
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Según esa ONG, un 13 de junio de 2018 se comenzó a ejecutar la ‘Operación Limpieza’ en Nicaragua, que calificó como «una represión brutal contra el pueblo, que dejó al menos 220 personas asesinadas» entre los meses de junio y agosto de ese año.
Ese operativo fue orquestado, dirigido y celebrado como un gran triunfo por la «dictadura de Nicaragua», señaló el Colectivo, que también lo catalogó de un «acto criminal».
Ese organismo sostuvo que en ese operativo el Gobierno «demostró la total premeditación y organización logística, como la utilización de armas de alto calibre para tirar a matar a la población civil, así como el uso de incontables recursos del Estado como vehículos estatales, policiales, armamento y hasta ambulancias, principalmente del Ministerio de Salud, para movilizar y armar a grupos paraestatales y policías».
Esa estrategia, que tuvo como fin desmantelar las barricadas y cortes de ruta, conocidos en Nicaragua como “tranques”, que había instalado la población en distintas ciudades, especialmente en aquellas ubicadas en la ruta de la carretera Interamericana, fue bautizada como ‘Operación por la Paz’ por la Policía nicaragüense.
Responsabilizan a Ortega, Murillo, Policía y de «cómplice» al Ejército
De las 220 muertes que dejó ese operativo, 156 murieron por proyectiles de armas de fuego, afirmó el Colectivo, que aseguró que los grupos paraestatales y policiales usaron armamento de guerra que requiere entrenamiento específico, como fusiles Dragunov, AK-47, lanzacohetes antitanques portátiles, entre otros, además de drones para localizar a los manifestantes.
Esa ONG tildó de «cómplice» al Ejército de Nicaragua por permitir «el accionar de grupos (de civiles armados) al margen de la ley y del uso de armamento militar para matar a civiles».
Por tanto, para el Colectivo, la ‘Operación Limpieza’ es «una de las peores masacres y crímenes contra el pueblo nicaragüense» en la historia de ese país.
Ese organismo señaló como responsables de esas muertes al presidente Ortega, a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y al jefe de la Policía Nacional y consuegro de los dignatarios, Francisco Diaz».
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«En una investigación por crímenes de lesa humanidad se deberían tener en cuenta como perpetradores a miembros del Ejército, ya que el arsenal con que dispararon a matar era de uso exclusivo de este cuerpo armado», agregó.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».
