Una coalición de organizaciones defensoras de los migrantes presentó una demanda en contra de la administración del presidente de EEUU, Joe Biden, por las nuevas medidas que restringen el acceso al asilo en la frontera suroeste.
La demanda llega una semana después del anuncio de Biden sobre la medida que cerrará la frontera sur con México cuando las cifras de llegadas «excedan la capacidad» de procesamiento en los puntos de entrada.
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«Estas acciones ejecutivas cerrarán efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos», lee la demanda impuesta el miércoles por el grupo.
Los defensores alegan que esta decisión de la administración no es muy distinta a una acción similar de la presidencia de Donald Trump que los tribunales bloquearon.
Además, acusa a la prohibición de sólo permitir el acceso al asilo a quienes pueden conseguir una cita «escasa», en referencia a las citas de CBP One que permite a ciertos migrantes presentarse a un puerto de entrada entre México y EEUU.
“No nos quedó otra alternativa que demandar. La administración carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”, dijo Lee Gelernt, subdirector de la Oficina de Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
La orden que Biden emitió la semana pasada limitaría la tramitación de solicitudes de asilo una vez que el número de encuentros con migrantes entre los puertos de entrada llegue a 2.500 al día. La medida entró en vigor de inmediato debido a que las últimas cifras disponibles eran mucho más altas, de aproximadamente 4.000 encuentros diarios.
“Las acciones de la administración Biden efectivamente cerraron la puerta a innumerables personas que huyen de la violencia y la persecución», agregó Arthur Spitzer, abogado principal de la ACLU del Distrito de Columbia.
El caso fue presentado ante el tribunal federal de EEUU en Washington.
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Las restricciones permanecerán vigentes hasta dos semanas después que la cifra de esos encuentros diarios entre puertos de entrada se ubique en o por debajo de 1.500 al día durante un promedio de siete días. Pero está lejos de quedar en claro cuándo es que los números alcanzarían niveles tan bajos; la última vez fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.
Los otros grupos que interpusieron la demanda junto con la ACLU son el National Immigrant Justice Center, el Center for Gender & Refugee Studies, Jenner & Block LLP, la ACLU del Distrito de Columbia y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
