El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) denunció que el ex preso político Carlos Alberto García Suárez fue encontrado muerto y quemado en el basurero municipal de Jinotepe, Carazo.
García Suárez estuvo preso en 2018 por participar en las protestas civiles contra Ortega. En ese momento fue acusado por la Policía orteguista de cometer secuestro, tortura, asalto, lesiones y tenencia ilegal de armas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
El cadáver quemado fue reconocido por familiares de García, lo que confirmó que se trata del ex preso político que fue encarcelado a finales de noviembre de 2018 y posteriormente excarcelado el 20 de mayo del 2019.
Carlos García era un habitual consumidor de licor, sin embargo, el GREX manifiesta en su denuncia que a pesar de encontrarse en situación de riesgo por la ingesta de alcohol, la condición física de García era normal y “por su carácter y buen trato era una persona apreciada en la comunidad, donde laboraba en el oficio de la zapatería”.
Mantenía su posición opositora
En la nota de denuncia, el GREX afirma que García “mantenía sus posiciones políticas claramente opositoras” y que en muchas ocasiones lanzó “condenas abiertas y públicas a las fuerzas policiales”, lo que era molesto para esa institución que es el principal instrumento de represión contra los opositores a Ortega.
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La noticia del hallazgo del cadáver de García también fue difundida por los medios oficiales, sin mencionar sus antecedentes políticos.
El GREX contrastó la información de los medios oficiales, los cuales han difundido que el cuerpo de García estaba “calavérico”, como que murió hace varias semanas. El GREX afirma que la muerte de García es un hecho reciente y que fue visto en Jinotepe, su ciudad natal, dos días antes del 15 de abril del 2024, cuando fue encontrado su cuerpo sin vida.
“No es posible una investigación independiente y creíble”
El grupo de ex presos políticos también observó que “no es un hecho común este tipo de muerte atroz en su ciudad natal, ni se conocen motivos o enemistades que puedan haberle provocado este tipo de muerte”.
“Para el esclarecimiento del caso, no es posible una investigación independiente y creíble, en vista del grado de desprestigio, desnaturalización, criminalidad y parcialidad con que opera la Policía orteguista. Concluimos que este hecho, igual que muchísimos otros, quedará en la impunidad”, denunciaron.
“Cualquier informe que brinde esta Policía, no podrá llegar al fondo de los hechos, y carecerá de credibilidad, ante una persona de reconocida posición opositora”, manifiesta la denuncia del GREX.
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En 2018, la Policía orteguista estuvo al frente de la represión armada contra las protestas civiles que dejó más de 300 muertos, según informes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos. Además, decenas de personas fueron encarceladas por participar en las protestas civiles que el próximo 19 de abril cumplen seis años.
Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, es un país donde no se permite ninguna manifestación opositora o de crítica a este régimen que tiene más de 17 años en el poder. Los opositores son encarcelados, desterrados y desnacionalizados, entre los que se cuentan empresarios, estudiantes, sacerdotes, campesinos, disidentes sandinistas, entre otros.