De acuerdo al informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos de las personas campesinas en Nicaragua”, elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), junto con el informe oficial presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el 6 de marzo en el marco del 55 período de sesiones que va del 26 de febrero al 5 de abril, muestran que los campesinos se convirtieron en “el enemigo” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde antes del estallido de las protestas sociales en abril 2018.
El informe investiga las violaciones y abusos graves del derecho internacional de los derechos humanos cometidas en contra de las personas campesinas en Nicaragua durante el período establecido en su mandato. Para ello, entrevistaron a 85 personas campesinas y a 23 expertos en el tema.
Desde la introducción del informe el GHREN aclara que “aunque este umbral es inferior al necesario para establecer responsabilidades en un proceso penal, es suficiente para justificar el inicio de investigaciones penales”.
En sus hallazgos el GHREN indica que el movimiento campesino organizado se volvió en “el enemigo” del gobierno desde antes de abril 2018 y quedó demostrado en su apoyo y participación en el estallido de las protestas sociales en ese mes.
“Quiero que sepa señor presidente, que son los campesinos los que están exigiendo justicia, porque hemos reclamado justicia desde muchos escenarios y no hemos sido escuchados. Nos hemos unido a respaldar a los jóvenes. No tenemos armas, somos un cuerpo civil”, cita el GHREN a Medardo Mairena, ex preso político y líder campesino, durante el diálogo nacional de mayo 2018.
En el informe el grupo de expertos detalla la participación del movimiento campesino en los tranques en puntos estratégicos del país.
En julio 2018, la Operación “limpieza” impulsada por el régimen desmanteló los tranques de manera violenta, obligando a la población que protestaba a replegarse y esconderse.
“Estábamos saliendo, habíamos quitado el tranque y nos movíamos buscando cómo regresar. Observamos un camión de piedra que nos ofreció llevarnos a Nueva Guinea. El camión iba adelante, yo atrás en una camioneta, cuando empezaron a dispararnos, vi a los muchachos saliendo del camión. Ví cómo dispararon al conductor del camión y el ayudante que murieron, vi que el camión tenía los disparos en el vidrio. Yo decidí correr hacia el monte. No pude ayudar a nadie; por instinto solo quise correr. Muchas personas quedaron heridas, gritando, no pude parar a ayudar, no sé qué pasó con ellos, nunca supe”, relató un campesino entrevistado.
El GHREN señala que debido a su participación en las protestas y su capacidad de organización, los campesinos y los considerados opositores fueron víctimas del uso excesivo y discriminatorio de la fuerza pública que desmanteló de forma violenta los tranques y barricadas.
Asimismo, el informe señala que lo campesinos han sido víctimas de detenciones arbitrarias y otros actos de criminalización y hostigamiento.
“La represión del Estado en contra de este grupo de la población ha sido particularmente fuerte. Tanto su liderazgo como varios de sus integrantes fueron detenidos, vigilados, amenazados y se sintieron obligados a salir del país”, indica el grupo de expertos.
Crímenes de lesa humanidad
El grupo de expertos explica que desde su primer informe desarrolló a profundidad el marco jurídico aceptable a los crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional consuetudinario en materia penal y lo usa para evaluar si las violaciones cometidas en Nicaragua constituyen este tipo de delitos.
En el caso de las detenciones. El GHREN documentó a profundidad las detenciones arbitrarias de al menos 24 integrantes del movimiento campesino anticanal. “Fueron sometidos a procesos interrogatorios injustos; 12 de ellos además fueron condenados a penas de cárcel en vínculo con su activismo. En tres de los casos documentados los campesinos fueron detenidos en 2018 y de nuevo en 2021, y fueron expulsados en febrero de 2023 hacia los Estados Unidos.
Sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el grupo documentó una serie de actos u omisiones cometidos en centros pertenecientes a la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario Nacional en contra de personas organizadas alrededor del movimiento campesino anticanal, y aquellas del ámbito rural que se organizaron alrededor de la defensa de los derechos políticos y participaron en las protestas de 2018 y/o tuvieron un papel de liderazgo en las mismas.
Otros de los delitos de lesa humanidad abordados en el informe son la deportación y la persecución de los miembros del movimiento campesino.
