En menos de un año, un total de 643 manzanas de tierras comunales de Santa Clara, en el territorio indígena Wangki Twi Tasba Raya, fueron «vendidas» —entre el 29 de noviembre de 2023 y el 12 de febrero de este año— a favor de los colonos como consecuencia de la manipulación y coacción a las familias por parte de los líderes indígenas impuestos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, denunció la Fundación Comunitaria Prilaka.
En un comunicado, la organización Prilaka expresó que están sumamente preocupados por los diferentes hechos de violencia que han ocurrido en dicho territorio, en el municipio de Waspam.
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«Externamos nuestra consternación y preocupación por el avance de la violencia que recorre los territorios indígenas de la Muskitia Norte de Nicaragua, la cual ha desembocado en una inseguridad pública desbordada sobre todo por los casos de asesinatos, secuestros y desplazamientos forzosos de las familias que habitan las comunidades indígenas de este territorio, como evidencia del avance de la colonización, proyecto político del Estado de Nicaragua», indicó Prilaka.
Añadió que «en los últimos meses se ha detectado un aumento de casos en la invasión de tierras, legitimados y avalados por la imposición de líderes que figuran como los tomadores de decisión en los territorios», en alusión a los funcionarios impuestos por el orteguismo.
Por lo que reiteró su rechazo y necesidad urgente de la destitución de los liderazgos impuestos por el Gobierno Territorial Indígena (GTI) «que no representan los intereses ni las decisiones de las comunidades, sino a los colonos y al proyecto de colonización cultural».
Violencia verbal y amenazas
El pasado 13 de febrero, denuncia Prilaka, en el territorio indígena se dieron hechos de violencia verbal y acciones de amenaza por parte de 30 colonos que «llegaron para establecerse en tierras invadidas, a los comunitarios».
Las consecuencias de la presencia de colonos armados «produce escenarios desoladores para los habitantes de las comunidades. Este contexto de asedio y terror implica un alto grado de riesgo para la vida en las comunidades, las cuáles se ven mermadas en sus estructuras de gobiernos tradicionales, su salud, su cultura, y su economía comunitaria y familiar».
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Asimismo Prilaka señala que la falta de oportunidades económicas y de espacios para la agricultura tradicional «agudiza la condición de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades indígenas hoy bajo el yugo de la invasión de sus territorios».
Los ataques de los colonos armados, que empezaron en septiembre del 2015, en las comunidades del territorio indígena Wangki Twi Tasba Raya han provocado el desplazo forzado de decenas de familias.
«Muchas familias empezaron a desplazarse y buscar refugios para garantizar su seguridad en las cabeceras municipales de Waspam y del Bilwi, hacia el interior del país, e incluso indígenas de estas comunidades han migrado hacia países hermanos en Centroamérica o hacia Estados Unidos», detalló Prilaka.
Exigen el cese y justicia por los crímenes
Prilaka, en su comunicado, expresa que repudia el accionar de la dictadura «en legitimar el control territorial y que a su vez amenaza con la integridad de la vida de los habitantes de las comunidades»; y a su vez, reiteran la exigencia o llamado enérgico al Estado a que «haga un alto a las distintas acciones de colonización en el territorio Wangki Twi Tasba Raya».
A su vez, recalcó la urgencia para que avance el saneamiento territorial en todos los territorios indígenas de la Muskitia, incluyendo el cese de acciones que criminalizan la defensa pacífica y legítima de los territorios indígenas, y exigen «la aplicación de justicia a tantas violaciones de derechos humanos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos autonómicos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas».
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La Fundación recordó que las comunidades indígenas, también, exigen «justicia ante los casos de asesinatos que aún no se han resuelto y están impunes, y el saneamiento de su territorio, como condición necesaria e irrenunciable para vivir en paz, según sus propias costumbres y tradiciones».
No duda en advertir el alto riesgo por el desplazamiento forzado de las comunidades de Polo Lakia Sirpi y Kapri. «El pasado 16 de septiembre del año 2023, fue encarcelado de manera ilegal uno de los defensores comunitarios y sin condena de culpabilidad fue trasladado a la cárcel regional en Matagalpa. De igual manera, la alcaldía de Waspam autorizó la construcción de carreteras financiadas por los colonos para su expansión dentro del territorio, a pesar de la resistencia y rechazo de las comunidades», denunció.
Enseguida, detalló que en las últimas dos semanas, el Gobierno Territorial Indígena, la Policía Nacional, la Alcaldía de Waspam y los colonos que han invadido esa zona, exigen a las comunidades Polo Lakia Sirpi y Kapri que «aprueben la habilitación de una vieja trocha. Incluso, ha presionado para que cuatro familias que tenían áreas de trabajo en los alrededores del puesto de descarga, llamado «Quinceañera», ubicado entre Miguel Bikan y las comunidades de Polo Lakia Sirpi y Karpi, a que «vendieran sus tierras» a los colonos».
Por ello, Prilaka no desestima en apuntar que «es muy evidente el alto poder económico, el respaldo del Estado, a través de las instituciones mencionadas, el uso de la violencia, la ilegalidad y la impunidad como herramientas, para avanzar con la colonización y el despojo de territorio en esta zona».
