La recapturada presa política Olesia Muñoz lleva 305 días detenida de manera arbitraria en las celdas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En 2018 fue detenida bajo cargos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, amenazas, robo agravado y portación ilegal de armas.
En la actualidad, se le acusa de ciberdelitos y traición a la patria. Muñoz, reconocida cantante soprano y comerciante, fue privada de su libertad el pasado 6 de abril en el contexto de la represión durante la Semana Santa. Se encuentra en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza, en Tipitapa, Managua.
En su detención previa en 2018, Muñoz fue liberada en 2019 bajo la Ley de Amnistía, luego de ser acusada injustamente de portar un arma y un machete, cargos que no pudieron ser probados. La soprano, originaria de Masaya, participó activamente en las protestas de 2018 y fue detenida durante la llamada «operación limpieza».
Durante su reclusión, Muñoz fue víctima de torturas y maltratos. En palabras de Connectas, durante su detención en la delegación policial de Masaya, le arrancaron las uñas de los dedos gordos de los pies, sufriendo un tormento dolor. Después de su recaptura en abril de este año, estuvo en estado de desaparición forzada durante dos meses, hasta que finalmente su familia pudo verla en La Esperanza, compartiendo celda con otras presas políticas, donde buscan apoyo y compañía mutua.
Cifra de presas políticas aumenta
Evelyn Susana Guillén Zepeda y Alba Paola Martínez Lira se unen a la lista de mujeres detenidas por motivos políticos en Nicaragua, sumando un total de 19, según el Mecanismo de Personas Presas Políticas. El informe destaca el silencio de los familiares, quienes temen represalias, y señala que en ocasiones se ofrece la libertad a cambio de abandonar el país de inmediato, generando una preocupante dinámica en medio del control riguroso del régimen de Ortega y Murillo.
La situación de las mujeres en La Esperanza sigue siendo crítica, con la constante represión y estricto control. Aunque algunas detenidas optaron por cesar una huelga de hambre, persiste la inquietud por su bienestar general debido a que las autoridades no respetan sus derechos.
