Los presos políticos José Ramón Mena Matus, Marcos Antonio Sánchez Hidalgo y Juan Pablo Torres Morales, quienes fueron detenidos entre el 1 y el 6 de abril de 2023, durante Semana Santa, suman 310 días en las cárceles del régimen de manera arbitraria.
En este contexto también fueron detenidos el activista estudiantil Jasson Salazar quien lleva más de 275 días en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y Anielka García Zapata, quien fue aprehendida arbitrariamente en Chichigalpa y trasladada al Distrito Tres de Managua. Actualmente se encuentra en las celdas de La Esperanza junto a 16 mujeres presas políticas en condiciones de aislamiento.
Organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos han denunciado repetidamente el trato injusto e inhumano hacia Salazar.
“Para el año 2023 la Administración Pública Ortega-Murillo prohibió todas las procesiones de Semana Santa, vulnerando una vez más el artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos”, indicó en un artículo de opinión la investigadora Martha Patricia Molina.
Además, afirmó que existen 397 parroquias en el país, por lo que se prohibieron 3,176 procesiones tradicionales que caracterizan la religiosidad nicaragüense. En el contexto represivo del 2023 también fueron detenidos Abdul Montoya Vivas, el 3 de abril, y el 6 de abril fueron arrestados el periodista Víctor Ticay, Olesia Muñoz y Juan Bruno Centeno.
Víctor Ticay detenido en Semana Santa
El periodista Víctor Ticay enfrenta una condena de ocho años de prisión dictada por la justicia orteguista, acusado de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
El arresto de Ticay tuvo lugar el 6 de abril durante un periodo represivo de la Semana Santa, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su represión contra la Iglesia católica, sus líderes y feligreses. Como corresponsal de Canal 10 y fundador de La Portada, el periodista fue secuestrado después de cubrir una actividad religiosa en Nandaime, municipio del departamento de Granada.
Ticay ha enfrentado un limbo jurídico, con un juicio a puerta cerrada y la negación de su derecho a un abogado defensor privado. Esto ha sido una constante en los juicios contra presos políticos desde el inicio de la crisis sociopolítica.
