Los reos políticos del caso conocido como «La Masacre del 19 de Julio», llevan casi 3,500 días en las cárceles de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este episodio marcó la historia del país, un grupo de nueve ciudadanos se convirtieron en los primeros reos de la dictadura.
Estos hombres fueron detenidos por un supuesto ataque contra una caravana de simpatizantes del Frente Sandinista en 2014. En promedio llevan casi 8 años y seis meses detenidos. Los detenidos son: Wilfredo Balmaceda, Walter Balmaceda, Zacarías Cano, José Cortez, Eddy Huerta, Rosendo Huerta, José Meza, Jairo Obando y Leonel Poveda.
El Mecanismo de Personas Presas Políticas documentó que la situación de salud física y mental de este grupo es preocupante debido a que padecen diversas enfermedades, entre las que «destacan casos de diabetes, problemas renales crónicos, fuertes alergias, infecciones cutáneas como hongos, cáncer y gastritis», indicó en su último informe publicado en enero de este año.
Estos individuos, sometidos a años de encierro en celdas de máxima seguridad, se enfrentan a condiciones insalubres y alegatos de maltrato y tortura. El impacto negativo en su estado físico es evidente, generando diversas enfermedades, desde alergias cutáneas hasta problemas más graves como ceguera por la falta de luz, estreñimiento, dolores óseos por golpes sufridos y secuelas de covid-19. Además de las afectaciones físicas, la salud mental también se ve afectada, con casos de estrés, ansiedad y depresión entre los detenidos.
Este grupo se encuentra desde el 2015 en las celdas de la Dirección de Máxima Seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro. Siete de ellos en «la 300» y dos de ellos en «el Infiernillo».
Versión oficial
El juicio por la masacre del 19 de julio abordó tres categorías de acusados, incluyendo a los presuntos autores intelectuales y materiales del tiroteo en Ciudad Darío, así como a los implicados en el ataque posterior en Wabule. También se señaló a tres jóvenes llamados «tirapiedras», alegadamente contratados por Walter Balmaceda. Aunque estos jóvenes recibieron una condena de dos años y quedaron en libertad, Balmaceda, acusado de liderar el grupo, fue condenado a 133 años.
El caso destacó por la falta de pruebas que vincularan a Balmaceda con los crímenes, y la Fiscalía no logró explicar el motivo del ataque. La única prueba crucial para la supuesta autoría intelectual de Balmaceda provino de un oficial de inteligencia cuya credibilidad se vio cuestionada. Mientras tanto, la defensa presentó pruebas, como fotografías, que contradecían la versión policial y ubicaban a uno de los acusados en una reunión familiar en el momento del crimen.
La situación revela la fragilidad del caso y la escasa solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, poniendo en duda la justicia del veredicto y resaltando la necesidad de una revisión más exhaustiva de los hechos y la evidencia, documentó la revista Magazine de este Diario en una exhaustiva investigación.
