El diputado sandinista Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos, fue reelegido presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua para el período legislativo 2024-2026. Con esta reelección el diputado, quien se ha encargado de dirigir las leyes represivas, completará 10 años al mando del Legislativo.
La propuesta de reelección fue presentada por el jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, y respaldada de manera unánime por el resto de partidos colaboracionistas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde enero de 2017 Porras es presidente de la Asamblea Nacional, ostentó el cargo tras la muerte de René Núñez en septiembre del 2016.
La junta directiva sigue siendo la misma desde el 2022. El diputado Wilfredo Navarro es reelecto para ocupar el cargo de segundo secretario de la junta directiva de este poder del Estado. La diputada Loria Raquel Dixon ocupa el cargo de primera secretaria.
El diputado Navarro ha sido una cara invariable en diferentes cargos de la junta directiva de la Asamblea Nacional. En el año 2000 Navarro permanecía dentro de las filas del PLC, su fidelidad al partido era tanta que aseguró que moriría por el entonces presidente del partido, Arnoldo Alemán.
La diputada Gladys Báez ocupa nuevamente el cargo de segunda vicepresidenta, y Arling Alonso sigue siendo la primera vicepresidenta.
Porras, de los colaboradores más «importantes»
Estados Unidos ha catalogado a Porras como el “operador político más importante» de Ortega y quien «ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo”, citaba el Departamento de Estado cuando sancionó al funcionario sandinista en junio de 2019.
Porras es el secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), el brazo represor del régimen contra los trabajadores públicos. Por encima de Porras en el control de los órganos de represión, solo está Murillo.
El presidente de la Asamblea fue quien formó la denominada “Comisión de la Verdad”, también conocida como «Comisión Porras», para que se encargara de investigar la masacre perpetrada por el régimen desde abril del 2018. Pero la falta de credibilidad de ese poder del Estado, dominado por el orteguismo, provocó el rechazo de dicha comisión.
