A pesar de que este año la imagen de San Jerónimo, el santo patrono de los masayas, no saldrá del templo, este miércoles 20 de septiembre previo a la bajada del Santo oficiales de la Policía orteguista cerraron las calles principales que dan a la parroquia y requisan a todos los vendedores que ofrecen sus productos a los promesantes que asisten a la celebración religiosa, según pudo constatar LA PRENSA en un recorrido.
Este medio constató que en las calles hay patrullas de la Policía e incluso un bus blanco lleno de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). «A todos los vendedores que quieren pasar a la parroquia con sus carretones que llevan sus termos los están requisando y todas las calles laterales están cerradas, hay patrullas», dijo un ciudadano bajo la condición de anonimato.
Este miércoles desde las 5:00 de la mañana, los católicos de Masaya participaron en una diana en honor al santo patrono, se espera que a las 12:30 del mediodía se realice el Santo Rosario para posteriormente celebrar la Santa Eucaristía que estará presidida por el presbítero Boanerges Carballo.
Le invitamos a leer: Oficializan nominación de monseñor Rolando Álvarez al Premio Sájarov
La celebración de las fiestas patronales más largas de Nicaragua se realiza en medio del ataque frontal que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Iglesia católica de Nicaragua, a tal punto que ha prohibido las actividades religiosas afuera de los templos en casi todo el país.
Por lo anterior, está previsto que la bajada de la imagen de San Jerónimo se realice a las 2:00 p.m. y posteriormente quede expuesta dentro del templo parroquial para la veneración de los fieles devotos.
Escalada represiva a la Iglesia
Cabe mencionar que en este 2023 las únicas fiestas patronales que la dictadura ha permitido que se celebren en su recorrido tradicional son las de Santo Domingo en la capital.
La dictadura orteguista en los últimos años, tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, ha aumentado su persecución contra la Iglesia católica, al punto que mantiene encarcelado al obispo Rolando José Álvarez, condenado a 26 años de cárcel; otros cinco sacerdotes permanecen privados de libertad en las cárceles del país y dos bajo arresto domiciliario.
Asimismo ha desterrado a varios sacerdotes, seminaristas y expulsado a decenas de monjas de congregaciones religiosas que existían en el país. También ha ordenado el cierre de medios de comunicación católicos.
