Un juez de Perú ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo y de su ex primer ministro Aníbal Torres hasta por 67 millones de soles (18 millones de dólares o 16,8 millones de euros), en resguardo de la reparación civil solicitada a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, informó este lunes (24.07.2023) la Procuraduría General del Estado.
En un comunicado, la Procuraduría (defensa del Estado) anunció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas sus solicitudes y que dictaminó el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, asesor del presidente al momento en que intentó dar un autogolpe de Estado.
La entidad agregó que el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente Castillo (2021-2022), las cuales se encuentran ubicadas en el distrito de Anguía, en la provincia de Chota, en la región norandina de Cajamarca y en el pueblo de Tacabamba.
Por su parte, en el caso de Torres se embarga en forma de inscripción e inhibición nueve bienes, de los cuales son ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, en la capital de Perú, así como un vehículo.
La Procuraduría General reiteró que ha solicitado una reparación civil por el golpe de Estado que intentó dar Castillo. Debido a ese caso, el expresidente fue imputado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, destituido por el Congreso y recluido en la cárcel de Barbadillo, en el este de Lima.
Torres está denunciado como presunto cómplice, dado que se encontraba con el mandatario al momento en que Castillo dirigió el mensaje a la nación con el anuncio del cierre del Congreso y la instalación de un Gobierno de emergencia, junto a otros ministros de Estado y la entonces jefa del gabinete Betssy Chávez.
