A partir del 1 de junio El Salvador iniciará las operaciones de los Juzgados de Garantía, una de las figuras incluidas en el paquete de reformas legales sometidas en 2022 al pleno legislativo de mayoría oficialista con la que la Fiscalía General de la República (FGR) podrá intervenir las comunicaciones de los ciudadanos para realizar investigaciones penales.
El paquete de reformas a la Ley Orgánica Judicial, aprobada esta semana, después de las observaciones hechas por el presidente Nayib Bukele, faculta a estos juzgados para autorizar las intervenciones solicitadas por la FGR.
Los cambios legales fueron solicitados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada también por el oficialismo después de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo 2021 y nombrar jueces afines al gobierno en turno.
Bukele sugirió aplazar la entrada en vigencia de los nuevos juzgados, que se había previsto inicialmente para el 1 de enero de este año y moverlo al 1 de junio, cuando se cumple el cuarto aniversario de su mandato de cinco años, “en aras de promover una transición ordenada y eficiente para asegurar el normal funcionamiento” de los tribunales que cambian sus funciones.
Los fiscales acudirán a los nuevos juzgados para solicitar intervenir comunicaciones con el fin de desarrollar investigaciones penales, según el Decreto Legislativo 551, que avala el cambio de funciones de los Juzgados de Garantía y de Competencia «contra el crimen organizado»
La CSJ ha adaptado algunos Juzgados de Paz para que funcionen con el nuevo reglamento y a disposición del Ministerio Público para el encausamiento de casos penales, según consignan medios de comunicación salvadoreños.
El establecimiento de estos juzgados no cambia las facultades actuales de la FGR que bajo el estado de excepción puede realizar intervención de las telecomunicaciones y correspondencia a todos los ciudadanos sin la autorización judicial.
El estado de excepción que suprime las garantías constitucionales de los salvadoreños en el territorio, entre estas los derechos de los detenidos, fue aprobado para una decimocuarta prórroga hasta el 15 de junio de 2023.
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Organizaciones de la sociedad civil y de defensa de la libertad de expresión rechazaron el año pasado las reformas que incluía entre otras la denominada “Ley mordaza” que impone sanciones a medios y periodistas y que los detractores han calificado como un articulador de “censura previa” y de vigilancia por parte del Estado a las telecomunicaciones de los empresas periodísticas y empleados.
