El régimen Ortega-Murillo se ha caracterizado por ensañarse con opositores y cuando no puede castigar al opositor activo, se enfoca en castigar a los familiares de estos. Estas son algunas de las familias que se encontraban detenidos en diferentes cárceles del país y fueron desterrados a mediados de febrero.
Caza a Dávila y Vijil
Ana Margarita Vijil es tía de Tamara Dávila, ambas integrantes del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Estas mujeres permanecieron casi dos años en las celdas de Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocido como El Chipote.
Fueron detenidas con lujo de violencia por agentes de la Policía Nacional a mediados del mes de junio de 2021. La excusa legal utilizada para secuestrar a estas opositoras fue la represiva Ley No. 1055 o la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”.
Sus familiares denunciaron que venían sufriendo asedio, intimidación y acoso policial lo que afectaba emocionalmente a la pequeña hija de Dávila.
Las autoridades carcelarias le negaron el derecho de comunicarse a Tamara Dávila por 14 meses. No le permitían ver los dibujos que la menor realizaba ni ponerse en contacto por llamadas telefónicas por lo que la niña llegó a pensar que su madre había fallecido.
Como parte de los juegos mentales del régimen con los familiares de las personas que se encontraban presas, les hicieron creer que Vijil había sido víctima del ataque de un oficial de alto rango policial en estado de ebriedad que había ingresado a su celda a mitad de la noche del 19 de diciembre de 2021.
“Mi familia es una víctima más en este país. Han alterado nuestra paz y tranquilidad, creándonos tal zozobra que me ha puesto al borde de la muerte”, afirmó María Josefina Gurdián madre de Vijil y abuela de Dávila, misma que fue impedida por el régimen de salir del país para su tratamiento contra el cáncer en forma de castigo.
Venganza a perseguidos políticos: familia Álvarez
Agentes policiales detuvieron a los familiares del opositor Javier Álvarez Zamora tras no encontrarlo a él. Este se encontraba de camino al exilio en busca de refugio para salvaguardar su integridad.
Álvarez y su esposa habían sido simpatizantes del Frente Sandinista hasta el 95. Tomaron juntos la decisión porque sentían que no era el partido al que se habían unido por fuertes convicciones políticas que compartía con los fundadores del Frente. Los simpatizantes del partido de gobierno les han denominado como “traidores” a los disidentes.
La esposa de Álvarez, Jeannine Horvilleur, de 63 años; su hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años (ambas con nacionalidades nicaragüense y francesa) y su yerno Félix Roiz, fueron detenidos el 13 de septiembre de 2022.
Al enterarse que su familia estaba detenida, imaginó que solo estarían una noche y al día siguiente las soltarían. Pensó en regresar a Nicaragua y entregarse, pero sabía que solo sería concederle al régimen el placer de capturar a otro opositor. Además, no tenía garantía que su familia sería liberada.
Los tres familiares de Álvarez fueron condenados por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y/o propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y al sociedad nicaragüense”. Madre e hija fueron sentenciadas a 8 años de cárcel y el yerno de Álvarez a 10 años.
Hermanos asesores de Alba Luz Ramos
Los hermanos María José, 52 años, y Hans Camacho Chévez, 47 años, eran funcionarios del círculo cercano de Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
María José era asistente de Ramos y Hans, responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Esta cacería contra funcionarios de la Corte Suprema de Justicia fue contra el círculo allegado de la magistrada Ramos.
Fueron detenidos el 14 de noviembre y cinco días después fueron acusados de “traición a la patria” junto al asesor de la Magistrada Ramos, Moisés Astorga. En la acusación contra estos exfuncionarios, el Estado de Nicaragua figura como “víctima ofendido”.
La audiencia de los antiguos trabajadores del poder judicial estuvo a cargo de la jueza Nalia Nahdezca Úbeda Obando, del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de audiencia del Complejo Judicial en Managua.
La familia Chamorro: némesis de los Ortega-Murillo
Los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios se encontraban detenidos al igual que sus primo Juan Lorenzo Holmann Chamorro y Juan Sebastián Chamorro García. Esta familia ha sido uno de los principales objetivos de caza del régimen de Ortega y Murillo al ser descendientes de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas, e hijos de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que le ganó las elecciones a Ortega en 1990.
Los periodistas Cristiana y Pedro Joaquín fueron condenados a ocho y nueve años de prisión, respectivamente, por el supuesto delito de lavado de dinero. Cristiana Chamorro fue la primera aspirante presidencial detenida, la cual permaneció en régimen carcelario de casa por cárcel desde el 2 de junio de 2021.
El exdiputado, Pedro Joaquín fue detenido el 25 de junio del mismo año y trasladado al Chipote, meses después fue cambiado al régimen casa por cárcel por sus diversos padecimientos de salud.
Juan Lorenzo Holman Chamorro fue apresado durante la toma del diario LA PRENSA; es hijo de Ana María Chamorro, copropietaria del diario. Holmann es el gerente general y secretario de la Junta Directiva de LA PRENSA. Fue condenado a nueve años por el delito de lavado de dinero, bienes y/o activos.
Juan Sebastián Chamorro García, es otra persona detenida por el régimen tras expresar su deseo de participar como candidato en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Fue apresado el 8 de junio de ese año y condenado posteriormente a 13 años de prisión por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”.
Los tres hermanos
La familia Martínez Arana se encontraban detenidos desde el 2020. Los hermanos Adrián Alexander de 22 años, Richard de Jesús de 23 y Ángel Sebastián Martínez Arana de 26 años, cumplirían tres años de estar en prisión el 19 de marzo de este año.
Es la segunda vez que estos jóvenes se encontraban tras las rejas. El 29 de agosto de 2018 fueron sacados por agentes de la Policía Nacional junto a dos de sus primos, Jefry José Ortega Orozco y Axel Manuel González Garay. Familiares habían comentado al medio que el acoso inició porque los jóvenes se negaron a unirse a un grupo de paramilitares.
Adrián Alexander y Richard de Jesús tenían 16 y 17 años respectivamente cuando fueron detenidos en 2018. Los cinco jóvenes Fueron liberados con la Ley de Amnistía en 2019, pero los hermanos Martínez Arana fueron detenidos nuevamente sin orden judicial.
En 2021, la madre de estos jóvenes comentó a la agencia de noticias Cimac noticias, que era madre soltera, trabajaba lavando y planchando, y cuando tenía oportunidad vendía piezas de ropa para juntar el dinero y cumplir con la paquetería a sus tres hijos.
Tía y sobrina presas
La joven Heydi Walkiria Ortega fue detenida el 26 de noviembre de 2022, días después que su tía Guisella Elizabeth Ortega Cerón fuera trasladada a las celdas el régimen de manera violenta.
Guisella Ortega, conocida popularmente como “La Taylor” había sido detenida en 2018 por su participación en las protestas ciudadanas. Desde entonces había sido víctima de asedio policial. En su segundo arresto, la policía entró con violencia en su casa, rompieron todo y la arrastraron fuera de su casa delante de los ojos de su pequeña bebé.
La familia indicó que no entendía el porqué de la detención de Heydi Ortega, no se involucraba en política, no había participado en las protestas y se mantenía al margen del tema. Es propietaria del negocio Ortega’s Multiservicios, hacen serigrafía y sublimación. La policía retuvo el local.
Familiares agregaron que lo único que conocían es que Heydi Ortega le había compartido a su tía unos stickers alusivos a Nicaragua.
Familia Téllez
Pablo Emilio Téllez de 50 años y Jadder Modesto Téllez de 28 años, padre e hijo respectivamente, se encontraban trabajando en la finca junto a Juan Agustín Barrilla Chavarría, sobrino de Pablo, cuando agentes de la policía irrumpieron en la propiedad y se los llevaron detenidos.
También fue detenido Augusto Ezequiel Calero Lazo. Es vecino de la finca y se había acercado de casualidad a saludar a Pablo Emilio. Los campesinos son originarios del municipio de Acoyapa, del departamento de Chontales.
Un juez sandinista condenó a 27 años de cárcel a Calero Lazo y Barilla Chavarría, más 1,300 días multa, que equivalen a 81,107 córdobas, mientras que a Pablo Téllez y su hijo Jadder los condenó a 20 años y 900 días multa, que equivalen a 56,151 córdobas.
Pablo Téllez junto a su hijo Jadder participaron en el levantamiento de tranques, pero el acoso por parte de simpatizantes les hizo huir a Costa Rica donde estuvieron dos años. A su regreso fueron detenidos arbitrariamente por la policía.
Hermanos Montenegro
Los Montenegro son originarios de Wiwilí. Vilma Nuñez comentó en 2020 de insólito e inaceptable como la dictadura se ha enseñado con esta familia por el hecho de ser opositores.
Históricamente son una familia con tradición opositora y algunos participaron en la contrarrevolución en los ochenta. Cuatro de sus miembros fueron atrozmente asesinados en 2019 en una cacería que se desató contra esta familia, entre ellos el padre de los exreos. Posterior los hermanos Dorling y Oliver Montenegro fueron detenidos de manera ilegal mientras agentes de la policía allanaba con violencia su vivienda.
Oliver Montenegro fue condenado a 10 años de cárcel por el supuesto delito de homicidio frustrado. Dorling era acusado por los supuestos delitos de obstrucción de funciones y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de tres policías del municipio jinotegano de Wiwilí.
Los Sequeira Zamora
Ángel de Jesús Sequeira Zamora y José Gadiel Sequeira Zamora fueron detenidos el 20 de noviembre de 2019. Estos hermanos se dedicaban a la elaboración de gorras, camisas y demás emblemas que hacían alusión a justicia y democracia para Nicaragua, pero las autoridades los condenaron por el supuesto delito de crimen organizado y tráfico de drogas.
Un familiar había comentado a LA PRENSA que la Policía les había tendido una trampa para encarcelarlos. Dos hombres llegaron a la casa a buscarles para encargarles un trabajo, los familiares les brindaron la dirección donde poder encontrarles sin imaginar que los estaban esperando para apresarles.
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