La niña nicaragüense de 12 años, Beverly García Ibarra, recibió a comienzos de este año su carné de identificación emitido en Costa Rica y desde entonces ha podido vivir sin miedo.
“Ya no me deportarán a Nicaragua”, dijo sonriente. “Mi mamá bromeaba con eso”, agregó.
Beverly había llegado a suelo costarricense con apenas tres meses de nacida. Walkiria Ibarra, su mamá, recuerda que tomó la “difícil decisión” de emigrar buscando mejores condiciones de vida para su hija. Costa Rica, donde se han refugiado unos 171,000 nicaragüenses desde el 2018, le abrió sus puertas.
La buena noticia para Beverly llegó a través de una notificación que recibió su mamá, donde le avisaban que estaba listo su Dimex o documento de Identidad Migratoria para Extranjeros que emite el Gobierno de Costa Rica.
Y la mamá de la adolescente también lo recibió con emoción. “Mi hija podrá hacer algo que yo no he logrado: salir y entrar del país de forma legal”, dice.
Obtener el documento Dimex para Beverly les tomó un poco menos de un año, agrega la mamá de la menor. “El trámite fue rápido en relación a otros métodos, como pedir refugio”, indica.
Rosiel Vargas, coordinadora de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, de Migración y Extranjería de Costa Rica, comentó que la inmigración en general, incluyendo la nicaragüense, se ha ido regularizando a través de varios programas.
Costa Rica ha hecho esfuerzos a favor de los niños migrantes, de conjunto con instituciones que han jugado un rol fundamental en el sistema de protección de la niñez, entre ellas la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), aseguran expertos.
Un derecho universal
Según el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a una nacionalidad y a nadie se le puede privar arbitrariamente de esta, ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Pero para cumplir este derecho universal se deben ajustar a legislaciones locales.
Jhon López, por ejemplo, huyó de Nicaragua a los 17 años junto a su mamá y se refugió en Costa Rica en 2018. Hoy es uno de los beneficiados con un programa de regularización de menores migrantes impulsado por la Unicef.
López dijo que cuando estaba en clases supo sobre un proceso para regularizar a los menores y le comentó a su mamá y aplicaron. Un año después obtuvo su documento de identificación.
“Gracias a eso tengo oportunidades para becas. Ahora estoy estudiando francés en la Universidad de Costa Rica”, dice emocionado.
Su mamá, Ruth Putoy, una ama de casa, indica que se siente orgullosa de su hijo y dice estar segura de que llegará “largo”, en referencia a las oportunidades que tiene ahora que cuenta con documentación de identidad.
El camino hacia una nueva identidad
Existen diferentes formas para quienes buscan obtener una identidad en Costa Rica, explica Daguer Hernández, exsubdirector de Migración y Extranjería de la nación centroamericana, quien asegura además que la identidad y la nacionalidad van más allá de una credencial.
Hernández sostiene que la mejor opción para los niños migrantes es aplicar a un permiso de estudiante, en caso de que no soliciten el refugio o que no tengan opciones en alguna otra categoría migratoria.
“El requisito más complejo es el tema de su certificado de nacimiento apostillado», que las personas deben conseguir con sus familiares o alguna otra persona en su país de origen. El resto de los requisitos son pagos «sencillos de cumplir acá dentro de Costa Rica”, explicó Hernández.
Este permiso de estudiante le permite al menor estar legalmente inscrito en el sistema educativo, con un documento de identidad que le permite acceder a otros beneficios, como becas.
“Le da a las personas menores de edad la posibilidad dentro de cinco años de tener ese documento de identidad, de naturalizarse”, dijo.
Indicó además que lo ideal es que los cinco años transcurran antes de que el estudiante cumpla los 18 años, porque en ese caso ya es un adulto y no tendrá una categoría migratoria en la que sostener su caso, aunque haya estudiado en el país.
El rol de los países en el desarrollo de la niñez
Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, recordó que según los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, los estados son los primeros responsables del desarrollo integral de la niñez.
En este sentido, señaló que casos como el de Nicaragua muestran una serie de violaciones a los derechos humanos, porque además de los migrantes por motivos económicos, hay otros que se movilizan con sus hijos en busca de refugio, por lo que se trata de “verdaderos desplazamientos forzados”.
Mencionó que en el caso de Nicaragua también se incumplen en ocasiones los derechos a la identidad, al negarles a las personas documentos como las partidas de nacimiento, cédula o pasaportes, así como retirarles derechos de ciudadanía al impedirles en algunos casos la entrada al país.
El gobierno nicaragüense no respondió a una solicitud de comentarios de La Voz de América y LA PRENSA para este reporte.
Una comisión interinstitucional busca garantizar derechos a la niñez
Rosiel Vargas, funcionaria de Migración y Extranjería, comenta que a los niños no se les puede deportar hasta que cumplen 18 años, que es la edad en la que son considerados adultos en Costa Rica, por lo que trabajan con el Ministerio de Educación Pública en la niñez escolarizada y con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para los que no viajan acompañados.
Vargas explicó que justamente el sentido de la comisión es encontrar a los niños y adolescentes institucionalizados que requieren documentos de identidad.
Indicó que hasta la fecha han entregado un carné Dimex en la categoría de estudiante a más de 12,686 niños y adolescentes de varias nacionalidades, entre ellos nicaragüenses.
Remarcó que la categoría especial para estudiantes ha existido desde hace años y cualquier persona que esté en un centro público o privado puede solicitar una categoría de estudiante y permanecer de manera regular en Costa Rica.
Vargas comentó que uno de los proyectos de la comisión avanza de conjunto con Unicef para apoyar a las familias que no cuentan con recursos, por un lado bajando el costo y por otro financiando a quienes no pueden costearlo.
“Trabajamos con Unicef, que nos ha apoyado en este proceso de regularización migratoria del MEP (…) también creamos un fondo humanitario y la dirección puso su parte para rebajar los pagos”, indicó.
No se pueden seguir procesos paralelos
Patricia Portela de Souza, representante de Unicef en Costa Rica, detalló que en el caso de los niños y adolescentes solicitantes de refugio, no pueden acceder a ese Dimex especial porque deben renunciar a su proceso para iniciar este nuevo.
“Hay varios niños, hay más de 70,000 niños y niñas extranjeros en el sistema público de educación en Costa Rica. Una buena parte no tiene documentación”, afirmó.
La representante de Unicef indicó que con este proyecto ya hay más de 6,000 niños beneficiados con este proceso especial que redujo el costo del carné, que costaba 120 dólares, a la mitad, y se agilizaron los procesos.
Actualmente se trabaja en una ampliación de este proyecto especial y Unicef cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE. UU. y para esta nueva etapa Francia apoyará la iniciativa.
La pequeña Beverly García por su parte sueña con continuar sus estudios y ser una profesional del Derecho. “Ojalá que más niños como yo obtengan un carné y se sientan mejor”, concluyó.
