El proyecto de resolución sobre «La situación de Nicaragua» al que tuvo acceso LA PRENSA y que podría debatir este viernes 12 de agosto el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condena «enérgicamente» el cierre forzoso de las organizaciones no gubernamentales, el hostigamiento y restricciones arbitrarias a organizaciones religiosas, medios de comunicación y critica el comportamiento del régimen.
El documento con fecha 8 de agosto reitera su insistencia para que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos y cese el hostigamiento e intimidación a la prensa independiente, así como garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y a la vez, renueva el ofrecimiento del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno en apoyo a la «adhesión a las cartas rectoras de la OEA, el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua de conformidad al Derecho Internacional».
Por otro lado, el Consejo Permanente encarga al secretario general que transmita la presente resolución al Gobierno de Nicaragua y también resuelven seguir ocupándose de este asunto y considerar acciones adicionales según sea necesario.
La agenda presenta solamente dos puntos: aprobar el orden del día y debatir la resolución sobre La Situación de Nicaragua.
«Obligaciones legales» de Nicaragua con la OEA siguen vigentes
El pasado 24 de abril, el régimen orteguista anunció el retiro de las credenciales de los representantes de Nicaragua ante la OEA: “No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA”, anunció la dictadura a través de un virulento comunicado.
De igual forma, la dictadura anunció el cierre de la sede en Nicaragua de la OEA en el comunicado oficial que fue leído a través de los medios oficialistas por el canciller orteguista Denis Moncada, quien apareció junto a Michael Campbell e Iván Lara, a quienes el régimen había nombrado como representantes permanentes alternos ante la OEA.
De acuerdo con el sitio web de la OEA, la sede del organismo está ubicada en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua, y fue confiscada por el régimen quien mandó a oficiales de la Policía a tomarse la sede. Antes el 18 de noviembre, el régimen presentó la renuncia oficial de Nicaragua ante la OEA, tras la declaración aprobada por la Asamblea Nacional para denunciar la Carta de la OEA en respuesta al rechazo internacional de las votaciones del pasado 7 noviembre.
En el proyecto de resolución, el Consejo Permanente reitera que a pesar de que Nicaragua denunció la Carta de la OEA el 18 de noviembre de 2021 «las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua, en virtud de la Carta, continúan vigentes hasta la fecha efectiva del retiro de Nicaragua de la Organización el 18 de noviembre de 2023».
Consejo Permanente de la OEA «muy preocupado»
En el borrador de la resolución el Consejo Permanente de la OEA señala que está «profundamente preocupado» porque «a pesar de todas las exhortaciones, contenidas en todas las declaraciones, resoluciones y mandatos de la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, al Gobierno de Nicaragua para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, el clima de opresión se ha agravado con un número creciente de arrestos y detenciones arbitrarias; cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales; la toma autocrática de las alcaldías de cinco municipios en manos de un partido político de oposición; una intensificación de la represión de los periodistas y la libertad de prensa; y ataques a monjas y sacerdotes de la fe católica».
Finalmente, indica que se encuentra «muy preocupado porque el Gobierno de Nicaragua ha ignorado los esfuerzos del secretario general de la OEA, siguiendo instrucciones del Consejo Permanente, para involucrar al Gobierno de Nicaragua en la discusión de las formas en que un grupo de alto nivel podría ser invitado a Nicaragua para explorar la posibilidad de ayudar al Gobierno a restaurar el respeto y la defensa de la democracia y los derechos humanos de conformidad con las Cartas de la OEA».
Estos son los puntos planteados
- Condenar enérgicamente el cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales, y el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y a quienes critican al gobierno y sus acciones en Nicaragua.
- Reiterar su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos y cese el hostigamiento e intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
- Renovar el ofrecimiento del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua en apoyo a la adhesión a las Cartas rectoras de la OEA, al restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua de conformidad con el Derecho Internacional.
- Encomendar al secretario general que transmita la presente resolución al Gobierno de Nicaragua.
- Seguir ocupándose de esta cuestión y considerar la posibilidad de adoptar nuevas medidas cuando sea necesario.
Resoluciones aprobadas por la OEA
El estallido y el recrudecimiento de la crisis sociopolítica de Nicaragua, que inició en abril de 2018, ha hecho que las instancias de la OEA sesionen 32 veces, por medio de su Consejo Permanente (27) y la Asamblea General (5), para abordar, analizar y condenar la situación en el país. Con esta nueva sesión la cifra aumenta 28.
El organismo regional ha aprobado un total de nueve resoluciones: siete del Consejo Permanente y tres de la Asamblea General, en contra de las afectaciones a la democracia, las acciones represivas y la violación de los derechos humanos.
La más reciente sesión del Consejo Permanente se llevó a cabo el 13 de mayo y con 29 votos a favor se aprobó la resolución “La ocupación de las oficinas de la OEA en Nicaragua”, que exige al régimen de Ortega-Murillo le devuelva las oficinas de su sede expropiada en Managua.
