El régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, tiene en agenda dos iniciativas de suspensión de personerías jurídicas que totalizan 200 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), la última introducida este martes incluye al Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi), que ha denunciado violaciones a los derechos humanos en las poblaciones de la Costa Caribe.
La reciente iniciativa fue presentada ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional a la 1:08 p.m. de este martes 26 de julio, por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien ha sido el encargado de presentar estas propuestas de suspensión de personerías jurídicas en los últimos meses y que a la fecha totalizan 850 organizaciones suspendidas.
El proyecto de decreto legislativo repite el mismo fundamento legal de los anteriores, incumplimiento en los desgloses detallados de los estados financieros, juntas directivas acéfalas e información de identidad y origen de todos sus miembros donantes.
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La iniciativa, que se encuentra en agenda para el 28 de julio, vuelve a referir el supuesto incumplimiento de estas organizaciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de armas de destrucción masiva.
La Asamblea Nacional, dominada por 75 diputados del partido del régimen, de un total de 91 representantes, ha aprobado este año la suspensión de 750 personerías jurídicas, hasta el 18 de julio. Con estas dos iniciativas pendientes de aprobación, el Legislativo rozará las 1,000 OSFL suspendidas en siete meses.
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La anterior iniciativa, que enlista también a 100 organizaciones, fue presentada por el mismo Rodríguez, el 21 de julio y se encontraba en la agenda parlamentaria para ser presentada en el plenario este martes 26 de julio, lo que no sucedió, por lo que podría ser aprobada en las siguientes sesiones.
