La violencia política en Nicaragua en los últimos años ha aumentado considerablemente a medida que se acercan las elecciones municipales en noviembre próximo. El observatorio electoral Urnas Abiertas documentó durante el primer semestre de 2022 un total de 385 hechos de este tipo, siendo abril el mes más violento, con 164 ataques.
En el informe “Violencia Política de enero a junio” los hechos de violencia política se distribuyen en 199 asedios y persecuciones, 42 persecuciones judiciales, 40 medidas administrativas, 37 agresiones, 31 malos tratos y torturas; 24 detenciones, 10 otros y 2 muertes. Sobre los decesos el informe no brinda detalles.
Cabe mencionar que el observatorio indica que 164 hechos violentos, equivalentes al 42.60 por ciento, se registraron en abril, el mes del cuarto aniversario de la rebelión cívica de 2018.
«Responde a un patrón de los últimos cuatro años en el cual se da un incremento de violencia política en las fechas conmemorativas o festivas, en este año por el cuarto aniversario del inicio de las protestas sociales en 2018», sostiene Urnas Abiertas.
El observatorio señala que seguido de abril, los meses en los que se observó incremento fue en mayo con 60 hechos y junio con 69.
Ciudadanos, las principales víctimas
Urnas Abiertas señala que el 80 por ciento de los 385 hechos documentados se concentraron en los departamentos de Managua, Granada, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Jinotega.
A su vez indica que en 3 de cada 10 hechos de violencia política registrados la víctima principal fue la ciudadanía general, es decir, personas que no están involucradas en organizaciones políticas o sociales.
Precisa que en el 28.5 por ciento de los eventos se vieron involucradas mujeres entre las víctimas, mientras que en el 50.1 por ciento de los eventos hubo hombres víctimas de violencia política, y el otro 21.3 por ciento fueron víctimas institucionales, es decir, organizaciones, partidos y empresas.
En el otro 22.10 por ciento de los hechos se vieron involucradas víctimas pertenecientes a organizaciones y partidos políticos, como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alianza Cívica, Unión Democrática Renovadora (Unamos), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Ciudadanos por la Libertad (CxL), entre otros.
Mientras que en el otro 13.80 por ciento de los hechos se reportaron otras categorías que no estaban pre registradas, como fue el caso de personas del sector cultural y la Iglesia católica.
Entes estatales son los represores
El observatorio aseguró que tal como se había advertido, las manifestaciones de violaciones de derechos humanos están siendo ejercidas por más entes estatales y sostiene que “se observa una leve disminución de la participación de sujetos y grupos armados (policías, militares y paramilitares), que es sustituida por una serie de medidas administrativas emanadas por otras instituciones gubernamentales”.
No obstante, señala que la Policía es el actor de la mayoría de los hechos de violencia política: “En más de 100 hechos se registró que la violencia política es ejercida por el poder judicial, el Ministerio Público y otras instituciones como: Sistema Penitenciario, Alcaldías, Migración y Extranjería, Ministerio de Gobernación, Aeropuerto, cancillería, entre otros”, precisa Urnas Abiertas.
Finalmente, expresa que a cuatro meses del inicio de las elecciones municipales solamente uno de los hechos de violencia política “responde a víctimas involucradas en el proceso electoral, lo que permite señalar que el régimen ha optado por una estrategia represiva generalizada contra la ciudadanía en general y otros actores de oposición, incluso cuando estos no están involucrados en el proceso electoral porque no existen mecanismos efectivos de participación política y competencia electoral”.
