La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este domingo el régimen de excepción por un mes, a pedido del presidente Nayib Bukele, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de al menos 76 homicidios en dos días.
«Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales», consigna el decreto, aprobado por 67 de los 84 diputados del parlamento unicameral.
La decisión del Legislativo, controlado por los oficialistas, restringe la libre asociación y reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones sin orden judicial, el derecho a ser informado el motivo de una detención y a contar con abogado desde la captura.
También habilita extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas.
La disposición «tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos» a la Policía y Fuerza Armada para «restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial». Bukele, que ya promulgó la norma, aclaró que los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal, razón por la cual «para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal».
La abogada constitucionalista Erika Saldaña recomendó en su cuenta de Twitter a los salvadoreños que anden sus papeles en regla, entre ellos DUI, licencia, tarjeta de circulación de vehículos. “Si los detienen, será más fácil que los dejen irse si todo está en orden”, afirmó.
Además, recomendó que no se metan en problemas, ya que la policía se puede llevar detenido a cualquiera sin mayor explicación. “Para los abogados defensores serán tiempos complicados y puede pasar hasta 15 días en detención administrativa. Aunque digan que el decreto va dirigido al crimen organizado, nadie está exento”, señaló.
A pedido de Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió el sábado por la noche a la Asamblea Legislativa que decrete «hoy mismo» el régimen de excepción después de que las autoridades detuvieran a decenas de pandilleros de la Mara Salvatrucha acusados de perpetrar al menos una veintena de homicidios desde el viernes por la noche. La cifra iba en aumento.
El presidente esgrimió la ola de violencia para pedir a los miembros del Congreso, controlado por el oficialismo, que se reúnan para decretar anoche mismo el régimen de excepción, por el que se anulan libertades.
Ernesto Castro, presidente de la cámara, convocó una sesión para tratar el pedido de Bukele, la que se llevó a cabo la misma noche del sábado.
La Constitución salvadoreña establece el régimen de excepción, por el que se suspenden algunas garantías establecidas, se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público».
La Policía y el Ejército de El Salvador realizaron el sábado un operativo en el que detuvieron a varios pandilleros de la Mara Salvatrucha después de que se registraran una veintena de homicidios en el país, en menos de 24 horas, informaron las autoridades.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), varios cabecillas de la violenta banda fueron detenidos acusados de ser «responsables de los homicidios registrados en las últimas horas».
Ola de violencia
Una ola de violencia sacude El Salvador, donde desde el viernes por la noche se han registrado «más de 20 homicidios y feminicidios», informó Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos.
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Otras fuentes vinculadas a la seguridad pública elevaron a 30 los homicidios registrados en el país.
«Desde ayer tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto», dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un comunicado subido a Twitter por el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
«Debo de darle gracias a Dios por permitirme enfrentar estos inimaginables retos; por darme esta enorme responsabilidad y por haberme escogido para ser su soldado específicamente en estos tiempos», remachó el presidente.
Bukele reunió de urgencia a su equipo de seguridad. «A esta hora el gabinete de seguridad junto con el fiscal general se encuentran reunidos con el presidente @nayibbukele para tratar el tema del alza de homicidios reportado en la últimas horas», informó en Twitter la PNC el sábado por la tarde.
Martínez hizo un llamamiento al gobierno y a las autoridades de seguridad pública a «redoblar los esfuerzos» para «prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el pese de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso».
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El procurador pidió a la población «mantener la calma» y contribuir al fomento de «una cultura de paz» en el país.
En noviembre pasado el país sufrió otro repunte de homicidios que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70,000 miembros en El Salvador, más de 17,000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales.
El Salvador cerró 2021 con 1,140 homicidios, un promedio de 18 muertes por cada 100,000 habitantes, menos de los 1,341 registrados en 2020 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según datos oficiales.
Acusaciones de negociar con pandillas
Bukele, un milenial de 40 años con amplio apoyo popular, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.
Pero en diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente haber negociado con pandillas para que apoyen al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.
A cambio, las pandillas obtuvieron dinero del gobierno y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas, dice la acusación.
Bukele aseguró en aquel momento que todo era una «mentira» y acusó a gobiernos anteriores de haber realizado ese tipo de actividades.
