Un grupo de personas que se opone a la vacunación contra el COVID-19 ingresó por la fuerza este miércoles (26.01.2022) en un hospital de Costa Rica, aparentemente para intentar sacar a un niño que se encuentra internado, hechos por los cuales fueron detenidas 6 personas.
“Este incidente puso en riesgo no solo al personal de seguridad, médico y asistencial del hospital sino a los propios usuarios y pacientes. Costa Rica saldrá adelante de esta pandemia con ciencia, educación y las correctas acciones colectivas, jamás con violencia y teorías de conspiración”, declaró en un comunicado el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya.
@CCSSdeCostaRica denunciará ante el Ministerio Público a las personas que esta tarde violentaron las instalaciones del hospital San Vicente de Paul, en Heredia. https://t.co/V3OooAlXSx
— CCSSdeCostaRica (@CCSSdeCostaRica) January 26, 2022
Los hechos ocurrieron en el Hospital San Vicente de Paúl, en la ciudad de Heredia, unos 15 kilómetros al oeste de San José, donde un grupo de personas que rechaza la vacunación se presentó con la diputada independiente Shirley Díaz, quien -aunque asegura no ser antivacunas- suele apoyar a estos grupos.
El Ministerio de Seguridad informó que fueron detenidas por resistencia a la autoridad cuatro mujeres de apellidos Ramírez, Corella, Reyes y Brenes, así como dos hombres apellidados Villalobos y Ramírez. La CCSS anunció que denunciará ante el Ministerio Público a las personas involucradas en esto hechos.
En vídeos que circulan en redes sociales se observa a la diputada junto al grupo de manifestantes, y luego estas personas ingresan por la fuerza al hospital, al parecer para intentar sacar a un niño que se encuentra internado. La directora del centro médico, Priscila Balmaceda, explicó que el niño ingresó por una patología respiratoria, por lo que dado los factores de riesgo y el contexto epidemiológico actual, se indicó por parte del médico tratante la colocación de la vacuna contra el COVID-19.
En Costa Rica, el Gobierno decretó como obligatoria la vacuna contra COVID-19 para niñas y niños, el personal de Salud y el cuerpo docente. Balmaceda afirmó que al niño “se le detectó una situación que requirió de la intervención del servicio de trabajo social, lo que asociado a la negativa de los padres a vacunar al niño derivó a solicitar el criterio por parte del Patronato Nacional de la Infancia”.
La funcionaria aseguró que previo a los hechos violentos, atendió de forma amplia al padre del niño, quien se hizo acompañar por Díaz y por un asesor legal, para explicarles la situación médica y administrativa en torno al caso. “En mi condición de diputada de la República fui invitada a participar de la convocatoria de un grupo de padres y madres de familia y sus representantes legales ante el impedimento de egreso del hospital de un hijo, de uno de ellos, que permanecía internado”, expresó Díaz en sus redes sociales.
Además, añadió: “Lamento profundamente los actos violentos sucedidos, cuando la trabajadora social se negó a seguir atendiendo al padre afectado por la presencia de su abogada, lo cual desató reacciones fuera de mi control”.