Los juicios de los detenidos en los últimos meses, la mayoría en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, continúan privados de libertad en procesos considerados por abogados y defensores de derechos humanos como “arbitrarios”, porque violentan lo que establece la Constitución Política, el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre todo destacan la arbitrariedad de que los juicios se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso por “carga laboral”, y se les indica que esta es una razón de “fuerza mayor”.
Un jurista que prefiere guardar el anonimato por temor a represalias explica que esta suspensión indefinida de los juicios de las personas privadas de libertad es una violación a la tutela judicial efectiva del que todo acusados tiene derecho a gozar, además es una violación a las reglas del debido proceso. “El artículo 34 de la Constitución Política, de que toda persona dentro de un debido proceso tiene derecho a que sus asuntos sometidos a la autoridad judicial sean resueltos sin alteraciones y bajo los plazos estipulados en la ley”.
De igual manera, esta situación también vulnera el derecho a la legitima defensa “No se les ha permitido a los abogados defensores un acercamiento con los acusados, no se les ha permitido en algunos de los casos acceder a los expedientes y en la mayoría no se les notifica el momento que se les va a realizar las audiencias iniciales, que es donde se remite la causa al juicio oral y público, y es donde se admiten las pruebas brindas por la fiscalía”, explica el especialista.
“Yo insisto que nuestros familiares son inocentes y los tienen prácticamente secuestrados. Esto refleja la forma arbitraria con que es manejado el sistema judicial en Nicaragua y la violación al debido proceso. Nuestros familiares, y también nosotras, nos encontramos en completa indefensión”, afirma Berta Balle, esposa del precandidato presidencial y líder político Félix Maradiaga, quien fue detenido el 8 de junio del año pasado, por estar bajo investigación por la realización de actos que menoscaban la soberanía del país de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Posteriormente fue acusado por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Recursos sin respuestas
Everth Acevedo, abogado defensor de María Oviedo, quien también laboraba defendiendo a los presos políticos, afirma que los juicios siguen suspendidos, aunque se han interpuesto incidentes de nulidad al oponerse a la suspensión de los juicios por “razones de fuerza mayor”. “Yo me opuse a esa suspensión porque es ilegal y aunque interpuse escrito, no recibí ninguna respuesta, han ignorado las peticiones”, comentó el abogado de Oviedo.
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Este defensor de derechos humanos señala que en este proceso se está violentado particularmente el principio de celeridad procesal. “Todos tenemos derecho a una justicia pronta y cumplida, además de la presunción de inocencia porque tienes presa a una persona, presa indefinidamente. La Constitución Política y el Derecho Internacional establecen que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, la prisión preventiva es una medida excepcional. Al estar ante un juicio indefinido estamos hablado prácticamente de una medida anticipada”, aseveró el abogado Everth Acevedo.
“El plazo solo se puede duplicar”
El jurista explica que cuando en los casos de los privados de libertad se habla de una tramitación compleja, los plazos establecidos se pueden duplicar. “El código procesal penal establece cual es el plazo para que se dicte sentencia en los juicios con acusados presos y la ley establece que el máximo de duración de un proceso es de tres meses y si hay tramitación compleja como en esto casos, los plazos se duplican, es decir el plazo máximo es de 6 meses”, afirma el abogado agregando que estos casos deberían de estar archivados y declararse en sobre seguimiento por haberse agotado el plazo máximo.
A como han explicado diversos especialistas, defensores de derechos humanos y los familiares de las personas privadas de libertad por razones políticas, la suspensión de los juicios solo es una medida arbitraria para tenerlos más tiempo detenidos. “Justificación para condenarlos no existen, los expedientes son una farsa absoluta. No existe un delito configurado, los hechos por los que los acusaron no constituyen un delito. A ellos los están juzgando por ejercer su derecho a la libertad de expresión, a la libre movilización, a opinar y a pensar”, aseveró Jilma Herdocia, esposa del preso político José Pallais Arana, quien fue acusado por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”; por solicita un sillón para poder lidiar con sus problemas de apnea del sueño las autoridades de la DAJ le permitieron el acceso, pero le dejaron sin cama, lo cual presentó llagas en su espalda.
Justificaciones de las autoridades
A los familiares de los presos políticos se les ha informado que los juicios siguen en suspensión por “carga laboral”, asegurándoles que está es una causa de “fuerza mayor”. Sin embargo, abogados y defensores derechos humanos han asegurado que esto no puede calificarse de tal forma.
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Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), afirmó que “la carga laboral no puede, bajo ninguna circunstancia, catalogarse como fuerza mayor. Porque la fuerza mayor es una circunstancia que no se puede evitar ni se puede prevenir. Así como una definición muy general. Los jueces no pueden excusarse de que tienen mucho trabajo para no respetar los términos que establecen las leyes para que tramiten los casos y resuelvan los casos que tienen que resolver”, dijo.