Activistas feministas afirman que, debido a la complicidad del Estado y el gobierno de Nicaragua, en el país se vive una cultura de impunidad y un total abandono al respeto de los derechos humanos de las mujeres. Además, que esta situación se ha potencializado debido al ser el 2021 el segundo año bajo la pandemia del Covid-19.
El organismo Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 71 femicidios de enero a diciembre del 2021. Estadísticas similares al cierre del año pasado, que se contabilizaron 71 femicidios desde enero hasta el 31 de diciembre del 2020.
“La negligencia intencionada del Estado en relación en no cumplir en absoluto con ninguna de las obligaciones porque partiendo de que el Estado debe tutorar los derechos de las mujeres, es el responsable de aplicar leyes, tratados, políticas y demás, de gran impacto nacional para detener, disminuir o controlar y hacer justicia para las víctimas”, afirmó una socióloga especialista en temas de violencia hacia la mujer. Igualmente agregó, que en Nicaragua todo el sistema de justicia está totalmente desestructurado particularmente de los femicidios y esta situación se ha potencializado por la crisis sociopolítica que atraviesa el país.
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Una integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, afirma que el Estado de Nicaragua por su actuar transmite un mensaje “sumamente misógino y de odio contra las mujeres, donde les dicen: ustedes pueden hacer lo que quieran con el cuerpo de las mujeres porque no va a pasar nada”, aseveró. Además, menciona que en el país hay un retroceso para los derechos de las mujeres.
Liberación de femicidas
La integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, indicó que la complicidad queda evidenciada dentro de los procesos judiciales, porque se ven manchados cuando el femicida tiene algún tipo de vínculo o es parte del partido que ostenta el poder actualmente “este hombre tiene asegurada su pronta salida de la cárcel por medio de indultos”.
Indicó que debido a la politización de la justicia, los indultos que ha anunciado el régimen de Ortega-Murillo ha permitido que agresores sexuales y femicidas queden en libertad sin cumplir sus condenas, además que no se les brindan un proceso para la reinserción social lo que pone en peligro a las familiares de las víctimas de femicidios. “El porcentaje es altísimo de femicidas que no son castigados y luego, los que han estado siendo liberados por amnistías y no cumplen las condenas. En algunos lugares, las mujeres han tenido que migrar incluso porque han salido libre los femicidas de sus hijas, madres, hermanas”, dijo la socióloga.
“Vivimos en un Estado de represión generalizado, pero cuando se trata de delitos de mujeres se ven de otra manera como que si no fueran delitos. Siempre se trata de justificar al perpetuador”, agregó.
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Segundo año de pandemia sigue potencializando violencia contra las mujeres
Igualmente, la socióloga afirmó que este estado de inseguridad y de agravamiento con los derechos de las mujeres se ha agravado con la pandemia. “Mucha gente que se quedaron sin trabajo y han tenido que estar mayor tiempo juntos el agresor y la víctima, lo que hace que muchas veces se convierta en un delito más grave”. Añadió que esto ha aumentado los abusos sexuales en niñas y adolescente que tiene una estrecha relación con la falta de justicia, la falta de control social y las autoridades no muestran ningún interés por esta situación.