Los 365 días del 2021 concluyen con un saldo de al menos 168 presos políticos. 45 de ellos detenidos de mayo a diciembre. Cuatro en arresto domiciliario y el resto en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo chipote, sistemas penitenciarios como La Modelo y La Esperanza y en distritos policiales. Todos enfrentando procesos, que según organismos de derechos humanos y abogados están plagados de arbitrariedades y recibiendo tratos que van en contra de las leyes nacionales y las Reglas Internacionales para el Trato de los Reclusos, de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Nelson Mandela.
La ola de arrestos que sumó más de 45 privados de libertad desde mayo a diciembre inició con Walter Gómez y Marcos Fletes, trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a ellos se sumaron otros trabajadores de la fundación, empresarios, precandidatos presidenciales, líderes opositores, campesinos, estudiantes, diplomáticos, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, entre otros.
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Hoy 31 de diciembre Gómez y Fletes cumplen 2017 días detenidos y Edgard Parrales, de 79 años, quizá el preso de mayor edad,, capturado a finales de noviembre, el último reportado a LA PRENSA, completa 39 días en prisión.
Durante este tiempo lo máximo que han recibido son tres visitas de sus familiares, cuando las normas indican que lo más que pueden estar sin contacto con sus familiares son 21 días.
Escondidos en delegaciones distritales
LA PRENSA denunció que el gobierno estaba utilizando las delegaciones distritales de la policía para mantener a acusados por la Ley 1055, Ley de Defensa de Derechos del Pueblo y la Ley de Ciberdelitos, dos leyes aprobadas este año.
Entre los detenidos en las delegaciones se encontraban Samantha Jirón, Eveling Pinto y Yoel Sandino. Luego de la denuncia y el análisis de especialistas por la arbitrariedad de mantener a las personas privadas de su libertad en estas celdas que no estaban diseñadas para retener a alguien más de 48 horas el gobierno decidió realizar sus traslados el primero de diciembre por la madrugada a cárceles del sistema penitenciario como La Modelo para los hombres y La Esperanza en el caso de las mujeres.
¿Quiénes son?
Desde 2019 LA PRENSA ha realizado perfiles de los presos políticos. A diciembre 2020 se realizaron 118 perfiles y la situación en la que se encontraban. Este año se fue reportando y contando los días de detención que continúan sumándose, en medio de procesos cargados de arbitrariedades como falta de orden de captura, de allanamiento, asignación de abogados que no informan a los familiares, escasas visitas familiares, audiencias a puerta cerrada, entre otros.
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Los perfiles publicados por este Diario hasta el 24 de diciembre de 2020 mostraba que se acusaba a los presos políticos por delitos comunes, como portación de armas, de drogas y robos. Los detenidos desde mayo a diciembre de 2021 son acusados por nuevas leyes como la Ley de Ciberdelitos y la Ley 1055, así como por Lavado de dinero, entre otros.
En ambos casos se detecta en las acusaciones a las que se pudo tener acceso LA PRENSA, que aparecen policías como testigos y en los casos de 2021 son,en su mayoría, los que participaron en los allanamientos.
Irving Larios cierra el 2021 cumpliendo 100 diez en prisión
El economista, Irving Larios cumple 100 días detenido de manera arbitraria en las celdas de la Dirección Auxilio Judicial (DAJ) conocido como el nuevo Chipote. Fue detenido por 90 días por estar bajo investigación bajo la Ley 1055 y no ha tenido ninguna entrevista privada con su abogado.
La última vez que su familia tuvo acceso a visitarlo comentaron que notaron cambios significativos en comparación con la primera visita, sin embargo, mencionaron que igual seguía estando bajo de peso. Además, que sufrieron la irregularidad de estar escuchando el discurso oficialista mientras compartían con el activista político. “A diferencia de la vez pasada durante la visita, en la radio pusieron una narración con el discurso de Rosario (Murillo) y que lo ponen a propósito porque estamos los familiares de los presos, fue una situación molesta”, afirmaron.
A Larios se le ha realizado una audiencia especial de garantías constitucionales en la cual se le decretó detención judicial por 90 días, posteriormente fue acusado por el supuesto delito de proposición y conspiración de cometer el supuesto delito de “conspiración para cometer actos que menoscaben la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas por medio de las tecnologías de la comunicación e información”. En ambas audiencias no estuvo asistido por su defensora privada, sino por un defensor público debido a que no fue notificado su abogado particular. La causa fue creada en el sistema nicarao el 14 de diciembre, 15 días después de su radicación ante el juzgado que fue en la audiencia preliminar el 29 de noviembre.
Su familia ha denunciado en diferentes ocasiones que Larios padece de graves problemas de presión, así que su abogado interpuso un escrito solicitando al juez de garantía institucionales que ordenara una valoración médica al preso político para poder atender de una manera correspondiente su padecimiento. Además, en el escrito se solicitó un cambio de celda porque donde se encuentra la escasez de ventilación potencializa sus problemas, por lo que la judicial giró un oficio para que valoraran la situación de Larios y que le informaran para con el dictamen darle debidas medidas. Sin embargo, debido a lo incomunicación de los privados de libertad no saben si dicha valoración médica se ha realizado.
Los derechos humanos que están siendo violentados a este opositor es la falta de un debido proceso y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas también como Nelson Mandela, entre otras.
