El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó este martes a más de 1,000 reos comunes bajo la figura de convivencia familiar, según medios de comunicación oficialistas. Con estas nuevas liberaciones, se contabilizan más de 4,000 presos comunes que han sido excarcelados en lo que va del año, y desde 2016 la cifra asciende a más de 26,000, mientras se mantiene tras las rejas a más de 160 presos políticos, cuyas familias han denunciado torturas y malos tratos en reiteradas ocasiones.
Sin explicar, ni dar mucha información al respecto, los medios oficialistas aseguraron que estas liberaciones representan, para los beneficiados, “una nueva oportunidad para enderezar el camino y poder reivindicarse con la sociedad”.
Libertad para “tranqueros”, “terroristas” y “criminales”
La excarcelación de reos comunes es una práctica que realiza el régimen desde mediados de la década pasada. Esta tarde, la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, compartió a través de medios oficialistas que desde 2016 el Gobierno ha otorgado el beneficio de convivencia familiar a 26,386 personas, entre ellas 632 extranjeros.
“A finales del 2016, 20 de diciembre del 2016, empezando al año siguiente lo que llamaron el año de la Misericordia Santo Padre Papa Francisco, se inició este período de garantizar beneficios legales de convivencia familiar a personas que como decíamos han cometido errores y trabajan para recuperar sus vidas, en amor de familia, 26 mil 386 personas, o sea familias han pasado al régimen de convivencia familiar”, expresó.
Y agregó que “se incluyen en este número esas personas que algunos llaman tranqueros, otros llaman terroristas, otros llamamos criminales, pero al fin y al cabo también recibieron la generosidad del pueblo nicaragüense, fueron puestos en libertad y muchos de ellos han reincidido porque desgraciadamente el corazón cuesta limpiarlo.”
Hasta septiembre de 2020, según datos del Ministerio de Gobernación, el régimen había otorgado el beneficio de convivencia familiar a 22,567 reos comunes.
Los 1,000 privados de libertad recibieron el beneficio de la excarcelación este 21 de diciembre, durante un acto celebrado en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa, mejor conocido como “La Modelo”.
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“Ahora que ustedes gozan de este beneficio de convivencia familiar tienen que aprovechar y meterse a las escuelas, meterse a los técnicos, a las universidades, a los colegios. Superándonos es que vamos a llevar adelante a nuestras familias, a nuestros hogares y por lo tanto a nuestra patria”, sostuvo la Viceministra de Gobernación, Carla Salinas.
Entre los demás presentes en el acto de liberación de este martes figuran la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda; el alcalde de Tipitapa, César Vásquez; autoridades locales y las familias de los presos.
Aunque el Gobierno asegura que estas liberaciones se realizan para promover “la unidad familiar”, especialistas en el tema han advertido que estas acciones pueden incidir en el aumento de la violencia e inseguridad en territorio nacional.
De hecho, hasta la fecha se desconocen los procedimientos legales realizados por el régimen para efectuar las liberaciones masivas de reos comunes, pero abogados han comentado que para ello se deben de cumplir ciertos requisitos de rigor, por ejemplo, que se haya cumplido al menos la mitad de la pena, que no hayan sido delitos gravosos, que no sean de peligrosidad y que estas personas se hayan integrado de pleno a las actividades religiosas, deportivas o de trabajo dentro de los penales.
Presos políticos se mantienen en las cárceles
En paralelo a estas liberaciones, en las cárceles del país el régimen mantiene a más de 160 presos políticos en los diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua, mismos que se encuentran en condiciones inhumanas y de tortura, según han denunciado sus familiares y cercanos en reiteradas ocasiones.
Y mientras Ortega libera a reos, encarcela a opositores a su Administración. Por ejemplo, antes y después de la jornada de las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre, el régimen encarceló a al menos una docena de opositores, según reportaron las organizaciones civiles opositoras, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
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Por otro lado, el observatorio independiente Urnas Abiertas también reportó que entre el 3 y el 7 de noviembre, se verificaron 35 detenciones arbitrarias en 10 departamentos del país. Cabe destacar que esta es una práctica represiva que continuó posterior a los controversiales comicios.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló reciente a LA PRENSA que este año en Nicaragua ha habido un deterioro y un ascenso progresivo en cuanto a violaciones de derechos humanos y que tiende cada vez más a profundizarse. Asimismo, indicó que las mayores víctimas han sido los presos políticos y sus familiares.