El próximo 7 de noviembre los trabajadores públicos se verán obligados a ir a votar por instrucciones de sus superiores, según denunciaron dos fuentes del sector público que prefieren no ser citadas por temor a perder sus empleos.
De acuerdo con un médico que trabaja en un hospital público, las instrucciones que les han hecho llegar a los trabajadores del Ministerio de Salud es que deben ir a votar el próximo 7 de noviembre y deberán mostrar su dedo marcado con la tinta indeleble vía whatsapp o al día siguiente que les toque presentarse a sus puestos de trabajo.
Pero además de mostrar el dedo, a los trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa) les han instado a que tomen fotografía de la boleta marcada. “Tenemos que enseñar la marca en el dedo y si se puede tomarle foto a la boleta para enseñar por quién votó. Eso le dijeron a los jefes”, revela la fuente.
Tomar fotografías a la boleta electoral y demostrar de manera obligada por quién se votó es una violación al artículo 30 de la Ley Electoral, el cual establece que “el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, es un derecho de los ciudadanos nicaragüenses”.
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De la misma manera, otra fuente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) denuncia que los superiores les han indicado que deberán mostrar el dedo marcado y que les han sugerido que vayan a votar temprano por la mañana.
“El que no demuestre que fue a votar ya sabe que tiene que atenerse a las consecuencias”, declaró el trabajador del INSS.
En redes sociales también han circulado denuncias de trabajadores estatales que son obligados a ir a votar por el candidato del partido gobernante, Daniel Ortega, o de lo contrario pueden perder sus empleos.
La página de Facebook Actualidad con Dino Andino divulgó una denuncia de trabajadores del Ministerio de Educación siendo obligados a ir a votar el próximo 7 de noviembre.
“A los profesores de Masaya nos informaron hoy que estamos obligados a votar y tenemos que mandar evidencia al grupo de WhatsApp. El director nos dijo que todos estamos obligados a ir a votar y que tenemos que enviar la evidencia (una foto de nosotros mostrando la huella manchada y en la Junta Receptora de Votos) antes de las 10:00 de la mañana o antes de las 3:00 de la tarde. Si queremos conservar nuestros trabajos tenemos que hacerlo”, dice la denuncia ciudadana.
Álvarez pide vencer el miedo ante las amenazas y los chantajes
Por su parte el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, pidió a los nicaragüenses no tener “miedo” ante las “amenazas” y “chantajes” que están recibiendo algunos ciudadanos a una semana de las votaciones.
“He escuchado de algunos fieles que ante la dramática situación que vivimos los nicaragüenses su decisión ya ha sido tomada en la inviolable dignidad de su conciencia. Sin embargo, afirman, son amenazados para obligarlos a manifestar lo que no desean manifestar o para hacer lo que no quieren hacer”, denunció el obispo de Matagalpa durante la misa dominical.
Y advirtió que “nadie, ni amenazas, chantajes o acciones ni ningún tipo de intimidación pueden intervenir en una decisión tomada libremente en lo más sagrado que poseemos todos los seres humanos, la conciencia”.
Las elecciones de este 7 de noviembre han sido catalogadas como poco creíbles y sin garantías democráticas por la comunidad internacional y los grupos de oposición. Los partidos que participarán junto al FSLN de Daniel Ortega, han sido tildados como “colaboracionistas”.
Los partidos que participan en este proceso convocado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), conformado por mayoría de magistrados afines al partido de gobierno son el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Frente Sandinista (FSLN), partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partido Alianza por la República (Apre), Partido Liberal Independiente (PLI) y el partido regional Yatama.
Obligados a grabar propaganda
Por otro lado, otra fuente del Minsa reveló que en algunos hospitales como el Hospital Solidaridad se llevó a cabo una convocatoria este fin de semana para que trabajadores administrativos asistieran a grabar un video propagandístico, de cara a las elecciones y en apoyo al Frente Sandinista y Daniel Ortega.
En la página de Facebook del Hospital Solidaridad se publicaron este sábado unas fotografías de autoridades del centro hospitalario en una asamblea partidaria.
“Autoridades del Hospital Solidaridad celebran junto a sus trabajadores asamblea de militantes sandinistas, ratificando nuestro voto en la casilla 2 este 7 de noviembre, por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Vamos por más Victorias”, se lee en la publicación.
No hay condiciones
La asesora principal del Centro Carter sobre Iniciativas de Paz en América Latina y el Caribe, Jennie K. Lincoln, expresó el viernes reciente que en Nicaragua no hay condiciones para elecciones creíbles. Señaló que el proceso electoral no cuenta con los estandartes internacionales en materia electoral y que por las condiciones actuales dijo que “la democracia nicaragüense está muerta”.
“No hay condiciones para elecciones creíbles en Nicaragua hoy, no hay, no existen. No son unas elecciones que cuentan con estándares internacionales para nada, punto final”, sostuvo Lincoln este viernes durante su participación en el panel virtual: “Elecciones Nicaragua 2021”, promovido por la red de organizaciones sociales Voces del Sur.
Ortega, 37 años como candidato
Ortega, próximo a cumplir 76 años, se ha postulado en ocho ocasiones como candidato a la Presidencia de Nicaragua. En 1984 y 1990 participó con Sergio Ramírez como compañero de fórmula. Y para en 1996 se postuló junto con Juan Manuel Caldera.
Además en 2001, participó con su candidato de fórmula Agustín Jarquín Anaya, y para 2006 con Jaime Morales Carazo. Posteriormente, en 2011, Ortega lanzó su candidatura con Moisés Omar Halleslevens. Y a partir de 2016, Ortega empezó su candidatura con Murillo, de 70 años, misma fórmula con la que se presenta en este 2021.
Asumió el Ejecutivo en el período 1985-1990 y a partir de 2007 hasta la fecha, en dos reelecciones consecutivas logradas por una sentencia del poder judicial en 2010 y una reforma constitucional en 2014 en la Asamblea Nacional.