El régimen de Daniel Ortega acusó a los países de crímenes de lesa humanidad por imponer sanciones a los gobiernos y exigió recursos para combatir la pobreza y cooperación para combatir el narcotráfico, según un discurso leído por Jaime Hermida Castillo, representante permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas, en el marco del Debate General de la Tercera Comisión, que aborda los temas de Asuntos Sociales, Humanitarios, Culturales y Derechos Humano en la ONU el pasado 1 de octubre.
«Las ilegales medidas coercitivas unilaterales deben cesar de inmediato, para garantizar estabilidad, paz y el desarrollo de las familias, pueblos y naciones. Estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios constituyen un obstáculo salvaje para la erradicación de la pobreza y para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En tiempos de pandemia, estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad, por parte de quien las impone», dijo Hermida.
El régimen de Ortega, al igual que el de Cuba y Venezuela, están bajo sanciones por parte de la comunidad internacional por violentar los derechos humanos y aferrarse al poder a costa de la destrucción de la institucionalidad y ejecuciones extrajudiciales.
En el caso de Ortega, este ha sido señalado por los organismos internacionales de crímenes de lesa humanidad por el asesinato a sangre fría de más de 328 nicaragüenses en el contexto de las protestas de abril del 2018. Las sanciones que los países están aplicando a la dictadura son dirigidas exclusivamente a funcionarios.
La dictadura también se quejó por el «acaparamiento deshumanizado» de vacunas contra la covid-19 por parte de los países desarrollados, «que impide su distribución justa y equitativa para todas y todos, incluyendo a los países en desarrollo».
«Es necesario y justo garantizar la transferencia de la tecnología, y de recursos financieros, así como declarar las vacunas un bien común de la humanidad», afirmó el vocero de la dictadura en Naciones Unidas.
Para el régimen es urgente que los países puedan «acceder a las vacunas, evitando la inequidad y la politización en su distribución». Un discurso que sin embargo se contradice con sus prácticas en Nicaragua, donde desde el fin de semana el Silais Managua colgó en Facebook afiches promocionando los programas de vacunación con una boleta del Frente Sandinista, en el contexto de la campaña electoral, contaminando así el proceso de vacunación con aspectos políticos.
Además el enviado de Ortega exigió a los gobiernos apoyo en la gestión de recursos para luchar contra el narcotráfico que se desarrolla desde Colombia hasta Estados Unidos, una «cruel batalla que nos ha sido impuesta».
«Denunciamos la dramática situación que enfrentamos en Centroamérica y República Dominicana, batallando todos contra el narcotráfico y el crimen organizado, para combatir el tránsito de drogas que va desde Colombia hasta Estados Unidos», afirmó.
Y pese a que el régimen de Ortega se ha encargado de deteriorar la imagen de seguridad en Nicaragua, al liberar masivamente a presos con antecedentes delictivos y propagar la idea de que en el país abundan terroristas, tal como estigmatiza a los opositores, el vocero del orteguismo en la ONU, dijo que «nuestro país continúa siendo un referente en Latinoamérica por sus excelentes niveles de seguridad: Nicaragua mantiene la tasa promedio de homicidios más baja de Centroamérica; 8 por cada 100 mil habitantes».
Igualmente la dictadura criticó a los países occidentales por la ola migratoria, pese a que en el caso de Nicaragua miles de connacionales han huido del país por su política de represión, lo que ha empeorado la situación económica y aumentado la oleada de nacionales en busca de refugio en Estados Unidos y Costa Rica.
«Es importante resaltar que la migración segura, regular y ordenada es obstaculizada por falta de voluntad de los países occidentales. Millones de personas provenientes de países en desarrollo, víctimas del modelo injusto neoliberal, migran con la ilusión de encontrar mejores oportunidades en los países desarrollados, donde son rechazados, violentando su dignidad y sus derechos humanos», afirmó Hermida Castillo.
Y finalmente pese, a las denuncias de los pueblos indígenas en el Caribe y los que están en zonas protegidas y que han sido víctimas de ataques de colonos, cuyos crímenes en su mayoría están en la impunidad, el delegado de la dictadura dijo: «El Estado de Nicaragua reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantías consideradas en la Constitución Política y en especial, los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de sus tierras y la elección de sus autoridades y representantes».
«También nuestro Gobierno implementa como parte de la restitución de los derechos de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, la distribución de títulos de propiedad de Derecho Real, que equivalen a más del 32 % del territorio nacional, unos 38,000 km, donde la administración de los recursos naturales existentes en estos territorios la ejercen los pueblos originarios y afrodescendientes, con pleno derecho de uso, goce y disfrute», puntualizó.
