El régimen de Daniel Ortega espera el próximo año conseguir menores contrataciones de préstamos externos, tras aumentar este año su límite de endeudamiento a medida que suscribe créditos para atender la pandemia, reactivar la economía y reconstruir las zonas afectadas por los huracanes Iota y Eta, según decretos presidenciales publicados en La Gaceta.
Ortega ordenó el viernes una modificación en Los Lineamientos de la Política Anual de Endeudamiento 2021, en la que aumentó drásticamente al gobierno central los límites de contratación de empréstitos externos inicialmente aprobados el año pasado, que pasaron de 760.3 millones de dólares a 1,210 millones de dólares, o sea, un incremento de 59.14 por ciento.
Es decir que para este año el Gobierno espera un endeudamiento máximo de 1,210 millones de dólares con las entidades financieras internacionales, 449.7 millones de dólares más de lo que se estableció el año pasado para el 2021 y previo al impacto de la pandemia y los daños por los huracanes.
Regularmente, el Gobierno publica en la segunda mitad del año su política de endeudamiento del siguiente periodo, el cual se puede modificar y donde se incluyen los límites máximos de contrataciones de préstamos del gobierno central tanto interna como externa, deuda contingente, así como de las empresas del sector público. La misma establece que el Ministerio de Hacienda puede hacer modificaciones “en caso de ser necesario”.
Además de la deuda externa, el Gobierno incrementó para el 2021 su límite en el endeudamiento interno, el cual pasó de 150 millones de dólares a 260 millones, lo cual representa un aumento de margen de 73 por ciento.
Con ello, el endeudamiento externo neto (después de honrar el servicio de la deuda) del gobierno central dio un estrepitoso incremento; pasó de los 161 millones de dólares establecidos inicialmente a 620.4 millones de dólares en la nueva política.
Cae el endeudamiento neto interno
Sin embargo, a nivel interno y en términos netos, este pasó de 100.8 millones de dólares a 56.3 millones de dólares, es decir que se aumentó el límite de endeudamiento máximo, pero se espera que el Gobierno honre el pago de mayores montos en esta área, de ahí es que el neto cae.
El movimiento en la política de endeudamiento del Gobierno coincide con los fuertes montos que se han conseguido en el contexto de la pandemia y los huracanes el año pasado, especialmente a partir de diciembre.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, al 31 de marzo de este año la deuda externa del Gobierno se ubicó en 5,333.2 millones de dólares, representando un incremento de 57.9 millones de dólares (1.1 por ciento) respecto al 2020. De esta deuda, 5,306.3 millones de dólares (99.5 por ciento) correspondieron a préstamos y 26.9 millones de dólares a créditos comerciales (0.5 por ciento).
Por su parte, la deuda interna del Gobierno a marzo de este año totalizó 789.4 millones de dólares, especialmente mediante Bonos de la República de Nicaragua, seguido por los Bonos y Certificados de Pagos de Indemnización.
Menos contrataciones el próximo año
Y tras los fuertes aumentos en los límites de contratación de préstamos externos por parte del gobierno central este año, en el 2022, en pleno año poselectoral, las expectativas de conseguir financiamiento al mismo ritmo que el observado desde finales del año pasado y este 2021 se ven restringidas.
En Los Lineamientos de Política de Endeudamiento 2022, publicados esta semana, se muestra que el gobierno central podrá contratar un máximo de 787.3 millones de dólares y el endeudamiento neto será de 584.7 millones de dólares, que es superior al de este año.
Esto indicaría entonces que el Gobierno moderará su ritmo en el servicio de la deuda externa. De ahí es que el saldo de endeudamiento neto se mantiene alto, pese a que los límites de contrataciones en términos brutos caen respecto al 2021.
“Los límites de endeudamientos son establecidos con base en las contrataciones reales y proyectadas que financiarían los proyectos priorizados a través del Programa de Inversión Pública y el Presupuesto General de la República 2022, los cuales son consistentes con las prioridades del Gobierno”, se lee en el Decreto Presidencial 16-2021, divulgado el 26 de julio 2021.
El próximo año, el Gobierno se enfrentará al desafío de conseguir financiamiento en un contexto de mayor hostilidad interna y de presión de la comunidad internacional, si en noviembre no permite que se realicen elecciones de manera justa y transparente.
En el 2018, el régimen de Daniel Ortega ya afrontó una situación similar, cuando se les cerraron las puertas en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debido a la represión que dejó al menos 328 nicaragüenses asesinados, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Además se aprobó la Nica Act, una legislación de Estados Unidos que ordena al ejecutivo de turno de ese país a vetar los préstamos no humanitarios que haga el régimen orteguista en esas ventanillas hasta que dé muestras de querer enrumbar a Nicaragua por el camino de la democracia.
La pandemia suavizó nuevamente su acceso al financiamiento en el Banco Mundial y el BID, pero con montos reducidos. Ya el impacto de dos huracanes en el 2020 mejoraron su posición, incluido en el FMI, que el mes pasado anunció un desembolso por 353.5 millones de dólares correspondientes a una asignación de Derechos Especiales de Giro, para apoyar el gasto por la Covid-19 y las reservas internacionales. Eso se suma a los 185.3 millones de dólares que recibió a inicios de año para esta misma finalidad.