El Ministerio Público, a través de un comunicado, informó que acusó al exdirectivo de Funides, Luis Alberto Rivas Anduray, a los exguerrilleros sandinistas y directivos del partido Unamos, Jorge Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco Fonseca y a la presidenta de esta organización política, Suyén Barahona Cuán por ser los presuntos autores del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Según la Fiscalía, los acusados enfrentaron audiencias preliminares y un juez —de quien no se precisó el nombre ni el juzgado que dirige— admitió las acusaciones y decretó la prisión preventiva a los acusados. Señalan que la acusación se da conforme los artículos 410 y 412 del Código Penal en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
El reporte de la institución no especifica si los opositores al régimen estuvieron asistidos por sus abogados defensores o fue un defensor público. “No me avisaron que realizarían la audiencia preliminar contra ellos y eso es ilegal porque yo ya estaba apersonado como abogado de Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres ante el judicial que les había decretado la detención judicial; ahora solicitaré información de la acusación para pedir al juez que esté a cargo que me dé intervención como defensa de ellos y poder asistirlos en la audiencia inicial”, dijo el abogado Maynor Curtis, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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Desconfianza en el sistema de justicia
Según el abogado, la audiencia preliminar se realizó sin notificar a los familiares y defensores de los procesados, sin ser pública y a su vez imponen defensores públicos a los acusados. En el caso de los líderes de Unamos fueron arrestados entre la mañana, mediodía y la noche del domingo 13 de junio. Previo a las detenciones, oficiales de la Policía asediaron y allanaron violentamente sus viviendas. Al día siguiente, el Ministerio Público justificó los arrestos “por supuestos indicios de atentar contra la sociedad nicaragüense de conformidad a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
“La audiencia preliminar la hicieron sin la presencia del abogado de mi papá, no le informaron nada, les impusieron un defensor público. Mientras no se cambie el sistema judicial aquí en Nicaragua nosotros no podemos esperar nada bueno porque es un sistema viciado y que está completamente supeditado al poder ejecutivo, pero nosotros hacemos todo lo que está dentro del marco legal que tenemos, esperamos que en la próxima audiencia sí llamen al abogado, pero el problema es que en Nicaragua todo es impredecible”, se quejó Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco.
En el caso de Rivas, quien también es presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), antes de ser detenido por la Policía fue citado para ser entrevistado en la Fiscalía por las investigaciones contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), pero luego fue detenido el pasado 15 de junio.
Tras la detención, la Policía informó que estaba siendo “investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
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Otras acusaciones
El pasado 27 de agosto, el régimen a través de la Fiscalía acusó a Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, dirigentes de Unamos, por supuestamente haber cometido el delito de «Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Un día antes, acusó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira, y a los opositores José Bernard Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila y Manuel Salvador Orozco Ramírez, por el mismo delito.
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Mientras que el 24 de agosto, la Fiscalía amplió acusación contra Cristiana Chamorro y acusó por diversos delitos a Marcos Fletes, Walter Gómez, Carlos Fernando Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Emma Marina López, Pedro Vásquez, Ana Elisa Martínez Silva, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga. Los acusados eran investigados en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.