El Ejército de Nicaragua retuvo y regresó hacia Costa Rica a un total de 637 ciudadanos indocumentados procedentes de distintos países, quienes ingresaron ilegalmente desde el vecino país del sur, informó la entidad castrense a través de un escueto comunicado de prensa publicado este miércoles.
De acuerdo con el documento, los migrantes provenían de países de África, Asia, América del Sur, el Caribe, Centroamérica y Europa. Los indocumentados fueron devueltos entre el 4 de mayo y el 7 de junio tras ingresar a Nicaragua «por pasos no habilitados» de la frontera costarricense, informó la institución.
«Los migrantes ilegales fueron rechazados hacia el país de procedencia, cumpliendo de esta forma con la Estrategia de Estado Muro de Contención», indicó el Ejército. Este operativo fue realizado a través del Destacamento Militar Sur y el 4 Comando Militar Regional, indicó.
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Paso recurrente
Cabe destacar que la frontera sur de Nicaragua es uno de los principales puntos y más frecuentes que indocumentados utilizan para cruzar clandestinamente en su ruta hacia México o Estados Unidos. Según datos del Ejército, solo en los primeros cuatro meses del año la institución había retenido y devuelto a unos 1,166 indocumentados.
La última retención que realizó la institución fue el pasado 1 de marzo cuando las autoridades castrenses en conjunto con la Policía encontraron a seis migrantes africanos en estado de descomposición en un bote a la deriva en el área de Cayo Paloma, al sur del municipio de Bluefields.
Antecedentes
Desde 2015, cuando la dictadura de Daniel Ortega expulsó a casi dos mil inmigrantes cubanos que ingresaron sin control por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, el régimen ha mantenido una posición fuerte en contra de los migrantes de tránsito hacia el norte.
En esa ocasión para rechazar a los extranjeros, implementó un operativo de seguridad que ameritó la movilización a la frontera sur de un batallón de infantería del Ejército de Nicaragua y Fuerzas Especiales de la Policía en la frontera sur, a quienes rechazó no solo con retenes sino con gases lacrimógenos. Desde entonces, el régimen ha criminalizado la migración de indocumentados.
Hasta ahora uno de los casos más sonados fue en el 2018, con la camerunesa Mary Frinwie Atanga, declarada culpable junto a su acompañante Joseph Tchamani Magloire luego que ingresó al país en busca del cuerpo de su hijo, Mbang Atanga. La expulsión de ambos fue sigilosa y ocurrió en el contexto de las protestas en el país. Y cuya confirmación ocurrió hasta en agosto pasado.
