Desde el mediodía del miércoles 2 de junio que la Policía allanó y se tomó la casa de Cristiana Chamorro, su abogada Orieta Benavides ya no pudo comunicarse con ella. Su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, informó a través de Twitter que la Policía orteguista la dejó bajo “arresto domiciliar” y aislada.
Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, fue acusada por la Fiscalía “por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”. Esta acusación busca inhibirla de facto de la contienda electoral en la que Daniel Ortega buscará su cuarto período presidencial consecutivo.
Además de tomarse su vivienda, la Policía la mantiene incomunicada, sin permiso de recibir visitas y sin poder salir siquiera al patio, según informaron a LA PRENSA fuentes cercanas a la familia de Chamorro. Pero este arresto domiciliar en contra de Cristiana Chamorro “es el caso con mayores aberraciones jurídicas que yo he conocido en toda mi experiencia dentro del mismo sistema de justicia en el que estuve por ocho años”, dice el abogado y exfuncionario del poder judicial, Yader Morazán.
¿Qué es el arresto domiciliar?
El arresto domiciliar es una medida “estrictamente procesal”, es decir que se debe efectuar bajo un proceso judicial en contra de una persona, “y no bajo una actividad de facto por parte de la Policía”, explica Morazán.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, comenta que el arresto domiciliar se limita a no permitir que la persona detenida salga del perímetro de su casa, y que el reo puede salir a su porche, patio, jardín y hasta piscina en caso de que tenga una en su domicilio. La persona detenida en su casa también puede estar comunicada y recibir visitas, siempre y cuando el juez no se lo prohíba explícitamente.
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Así también lo expone Benavides, abogada de Chamorro, quien señala como una irregularidad la acción policial contra la precandidata presidencial porque no se ha celebrado una audiencia. “En principio no conocemos oficialmente que esté aplicándose esa medida en particular (arresto domiciliar). Lo podríamos entender quizás como una acción fáctica, pero no es algo que nos conste de las diligencias del proceso”.
Y aunque fuese decretada una medida cautelar de detención domiciliaria, “es innecesaria la presencia de tantos efectivos policiales y tampoco estaría incomunicada ni con sus familiares ni con sus abogados”, dice Benavides. El pasado viernes, a Cristiana Chamorro se le ocuparon todos los dispositivos de comunicación para ser “vaciados” de información por parte de la Policía.
Además, la Policía ni siquiera debería estar dentro de la casa de la persona detenida, a como lo es el caso de Cristiana Chamorro. Donde sí puede estar la Policía es en el perímetro afuera de la casa porque “no es un centro penitenciario. Es tu domicilio y lo que no podés hacer es salir de tu domicilio. La Policía puede estar alrededor”, expresa Cuevas.
Con el caso de Cristiana Chamorro, y para cualquier otro, el juez que lleva el caso puede levantar derechos constitucionales “pero razonado, no de manera antojadiza” explica Cuevas, y también tiene que haber una orden escrita, pero “si no hay un documento, la Policía no puede permanecer dentro de la casa”. Hasta el momento, la Policía no ha presentado orden judicial para permanecer dentro de la vivienda de Chamorro.
Sin embargo, en el caso contra Cristiana Chamorro ni siquiera debería haber arresto domiciliar, ya que el inciso B del artículo 37 de la Ley 735, Ley de prevención, investigación y persecución, indica que para los casos de lavado de dinero, bienes y activos, no cabe otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva.
“Secuestro extorsivo”
Más que arresto domiciliar, para Yader Morazán es un secuestro extorsivo la acción de la Policía en contra de la precandidata presidencial, ya que el artículo 164 del Código Penal califica como tal el secuestro de una persona “para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político”.
La ley establece una pena de cinco a diez años de prisión para quien violente esta norma, y el artículo 165 cataloga como agravante que el secuestro haya sido cometido por una autoridad, empleado o funcionario público prevaleciéndose del ejercicio de su cargo. Morazán asegura que la responsabilidad penal en el caso de Chamorro deberá repartirse en toda la cadena de mando de la Policía, desde quien dio la orden hasta quien la ejecutó.
Por otro lado, la juez Karen Chavarría, quien está a cargo del caso en contra de Chamorro y es conocida como operadora política del FSLN, estaría cometiendo el delito de prevaricato, que es cuando la autoridad judicial emite una orden arbitraria a sabiendas de que dicha orden es injusta y contraria a la ley, resalta Morazán.
Según una nota de prensa del Ministerio Público, la orden de captura fue solicitada por la Fiscalía la noche del lunes 31 de mayo y se solicitó “tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada”.
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En este mismo caso, la Policía mantiene detenidos al exfinanciero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, y al excontador Marcos Fletes, quienes fueron capturados el viernes 28 de mayo y hasta la fecha sus familiares y abogados no han logrado comunicarse con ellos.
A pesar de que Chamorro, Gómez y Fletes se mantienen detenidos por el mismo caso, ninguno de los tres ha sido presentado, a pesar de que ya pasaron más de 48 horas de que fueron privados de su libertad.
Temen audiencia en secreto
Por el comportamiento del caso, más el nivel de hermetismo y secretismo con el que lo están manejando las autoridades, la abogada Orieta Benavides tiene “un temor fundado de que se esté realizando alguna audiencia o que se estén realizando procedimientos mientras ella está en estado de indefensión”.
La abogada asegura que hasta el momento no le han dado acceso al expediente del caso y tampoco le han permitido intercesión en el proceso como su defensora.