Defensores de derechos humanos, activistas internacionales, académicos y universitarios sobrevivientes de la represión armada del régimen de Daniel Ortega presentaron este lunes el «Libro Blanco» que recoge las historias y los testimonios individuales de las violaciones de derechos humanos que vivieron los jóvenes durante la insurrección cívica de abril de 2018 en las universidades estatales de Nicaragua.
El escrito, titulado «Las evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua», documenta en primera fase los casos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua (UNAN-Managua), UNAN-León, Universidad Nacional Agraria (UNA) y Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y en segunda etapa, envía un mensaje sobre la importancia de la autonomía universitaria, revela las cientos de expulsiones arbitrarias de estudiantes y despidos injustificados contra docentes y personal administrativos de estas casas de estudios superiores.
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El estallido de la crisis social y política de Nicaragua inició hace tres años, cuando cientos de jóvenes universitarios salieron a protestar a las calles de León y Managua, posteriormente se extendieron en todo el país, levantaron barricadas y se tomaron universidades para manifestarse contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En respuesta a las manifestaciones ciudadanas, el régimen, haciendo uso excesivo de las fuerzas policiales y parapoliciales, desató una ola de violencia que dejó cientos de jóvenes asesinados y heridos.
Sin embargo, los daños y las consecuencias de la represión estatal aún persisten y se reflejan en los cientos de personas lisiadas, jóvenes que perdieron sus ojos, algunos todavía están encarcelados, fueron expulsados de las universidades y muchos se encuentran en el exilio para proteger sus vidas.
El libro expone los testimonios de al menos 20 universitarios, algunos desde el anonimato y de los académicos Carlos Tünnermann Bernheim y Ernesto Medina. La iniciativa fue promovida por la nicaragüense Bianca Jagger, defensora de los derechos humanos y la segunda fundadora y presidenta de la Fundación Bianca Jagger Pro Defensa de los Derechos Humanos; Rosalía Miller, activista internacional por la defensa de los niños; y el brasileño Paulo Abrāo, defensor regional de los derechos humanos y exsecretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes los jóvenes les agradecen en la obra.
Complicidad de las autoridades universitarias para reprimir
Para la defensora de derechos humanos Bianca Jagger, la insurrección de abril de 2018 en Nicaragua desencadenó desde las universidades una búsqueda de cambio del sistema autoritario del régimen. Expresó que el atrincheramiento de los jóvenes universitarios, como protesta, no solo fue con el objetivo de pedir un cambio de sistema institucional universitario, sino por la democracia del país.
«Las universidades públicas de Nicaragua corresponden a uno de los sectores que han sido víctimas de la represión ejercida por el régimen Ortega Murillo en todo el país, la que fue ejecutada a través de las autoridades universitarias, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y sindicatos oficialistas existentes en esas casas de estudios superiores, quienes actuaron como operadores políticos para violentar los derechos humanos y laborales de estudiantes, docentes y personal administrativo», expresó Jagger.
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«Estas universidades nunca defendieron el derecho de los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, tampoco la autonomía universitaria. Al contrario, las autoridades universitarias no solo ignoraron las demandas estudiantiles, sino que permitieron los ataques por fuerzas policiales y parapoliciales y el desalojo a punta de armas de fuego, de manera que si una universidad pierde su autonomía, es una universidad que no está cumpliendo la misión que la sociedad espera de ella», agregó la defensora de derechos humanos.
La represión policial y parapolicial en contra de los universitarios recrudeció más entre los meses de junio y julio, cuando el régimen ordenó la ejecución de la «operación limpieza» para desalojar a los jóvenes que se encontraban atrincherados en las universidades públicas. Este operativo también se implementó en diferentes ciudades del país donde los protestantes autoconvocados levantaron tranques para defenderse de la represión policial.
«En una segunda etapa (agosto de 2018) las autoridades universitarias ejecutaron las expulsiones arbitrarias de algunos estudiantes y el despido de docentes, quienes fueron criminalizados sin darles la oportunidad siquiera de defenderse. Hasta ahora no hay un cifra exacta de la cantidad de estudiantes a quienes se les violentaron el acceso a la educación por el único motivo de no coincidir con el régimen de Daniel Ortega», lamentó Jagger.
Hay una deuda histórica con los jóvenes
Paulo Abrāo, defensor regional de los derechos humanos, quien conoce de primera mano lo ocurrido en Nicaragua desde abril de 2018, tras su visita de trabajo al país con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la recopilación de testimonios y denuncias de las víctimas de violaciones de derechos humanos, destacó que si hay un grupo que tiene una autenticidad en este proceso y que tiene todo un deseo de transformar el país, cambiar el futuro, mejorar para sus ciudadanos, familiares, incluso ellos mismos y sus hijos, son los jóvenes.
«Es ahí (en los jóvenes) que está depositada también nuestras esperanzas de una Nicaragua libre, de una Nicaragua nueva que pueda enmarcarse en los principios internacionales de protección a los derechos humanos, a las libertades de los principios democráticos», manifestó Abrāo.
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«Hay una deuda histórica que debe ser cumplida, sanada especialmente con estos jóvenes, porque son ellos y está en ellos depositada la esperanza de una transformación y enfrentamiento a ese estado policial, estado totalitario que se caracteriza por el uso excesivo de la fuerza pública para reprimir, allanar, censurar, para detener a las personas cuando intentan regresar a su país», agregó.
Para Abrāo, el Libro Blanco difunde, visibiliza el impacto de esa represión estatal, pero además de compartir esas experiencias individuales, hace parte de un proyecto mucho más importante. «De este libro se podrá en el futuro sacar elementos de memoria, pero también elementos probatorios muy importantes para la implementación de la justicia, para procesar y responsabilizar a aquellos que han dañado y generado este estado de violación sistemática y masiva de los derechos humanos en el país», advirtió.
«Truncaron nuestros proyectos de vida»
María Alejandra Centeno, fue expulsada en agosto de 2018 de la UNAN-Managua, cursaba el último año de la carrera de relaciones internacionales y ciencias políticas, hoy se encuentra en el exilio para poder continuar estudiando. Para Centeno, la expulsión de la universidad fue un golpe muy duro para el Movimiento Estudiantil, por un asunto moral y porque debían reconstruirse desde afuera de las universidades.
«Creo que desvincularnos de la universidad fue una de las cosas más difíciles que enfrentamos con la expulsión, aparte que evidentemente truncaron nuestros proyectos de vida y en ese momento nos quitaron las pocas respuestas que a nuestra edad tenemos sobre el futuro», expresó Centeno, quien en 2019 fue asesora de la Alianza Cívica en las negociaciones con los representantes del régimen.
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Nahiroby Olivas, es otro universitario expulsado. Para el estallido de la rebelión de abril, cursaba el tercer año de derecho en la UNAN-León, fue encarcelado durante nueve meses en una celda de máxima seguridad por participar en las protestas antigubernamentales, hoy también se encuentra en el exilio, tras ser víctima de acoso e intimidación.
«La elaboración de este libro es algo muy importante porque es un reflejo de esa lucha que iniciamos en abril (2018). Hoy quiero invitar no solo a que lean y compartan este libro, sino a que todas las personas que han sido víctimas de violación a sus derechos lo relate, lo escriba, lo recopile o lo denuncie porque esto va a ser una contribución importante para la nueva visión de la Nicaragua que queremos construir», dijo Olivas.
Tres años se cumplirá este 18 de abril del inicio de la represión brutal que se vivió en 2018. Más de 300 personas murieron por manifestarse en contra del régimen de Ortega, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
