Este miércoles 24 de marzo entró en vigencia la Ley Creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS), luego que fuera publicada en el Diario Oficial La Gaceta y que es vista por críticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una forma más de recaudar impuestos
El pasado 18 de marzo de este año, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional aprobó dicha Ley, solamente dos días después que fue presentada ante el plenario, lo que fue criticado por el diputado liberal Maximino Rodríguez, debido que no tuvo un proceso de consulta en ese momento.
Para la diputada Azucena Castillo «lo más probable es que la ANRS se convierta en otro mecanismo burocrático y recaudatorio, que en vez de preocuparse por el control sanitario de medicamentos y alimentos establecerá nuevos cobros a los servicios médicos, establecimientos de comida, productos y medicinas».
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Pero todavía el régimen Ortega-Murillo no ha presentado la reglamentación de la ANRS, que establecerá las tarifas a pagar por los servicios sanitarios que se ofrecen y que de paso será una de las fuentes de financiación de la entidad estatal, además del Presupuesto General de la República.
Más control
El artículo 2 de la iniciativa establece que «la ANRS tendrá por objeto facilitar, regular, implementar, desarrollar y coordinar las políticas, leyes, reglamentos y normas relacionadas con las autorizaciones sanitarias, vigilancia, promoción, publicidad, control y fiscalización de: medicamentos (leche maternizada y sucedáneos de la leche materna), vacunas, biológicos, biotecnológicos; productos naturales medicinales y homeopáticos; alimentos y bebidas; suplementos nutricionales; dispositivos médicos y otras tecnologías vinculadas a la salud».
También «todo lo relacionado con radiaciones ionizantes (se usa, por ejemplo, para tratamiento de cáncer); sustancias químicas precursoras; productos cosméticos e higiénicos; tabaco y sus derivados».
Sin embargo, el artículo 4 referido a las Funciones de la ANRS detalla que el control de la nueva autoridad va más allá. La iniciativa destaca que «asimismo, la regulación y control de donaciones, brigadas médicas extranjeras, insumos médicos y no médicos; regulación del ejercicio profesional en salud, auditorías sobre la calidad de atención del servicio de salud, establecimientos proveedores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos, establecimientos alimentarios; establecimientos que presten servicios de desinfección, saneamiento estructural o habitacional con plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares; y otros que puedan tener impacto en la salud».
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El artículo 6 establece que los ingresos de la ANRS provendrán “del cobro de las tarifas por la prestación de servicios que brinde en materia de control y regulación sanitaria”. Además, tendrá una asignación del Presupuesto General de República, por lo que críticos del régimen han considerado que la Ley tiene un fin recaudatorio.
Lo que dicen los orteguistas
Durante la aprobación de la Ley en la Asamblea Nacional, los legisladores orteguistas defendieron la iniciativa. El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez reconoció que la ANRS será un superintendente en salud y negó que tengan un fin recaudatorio, porque aseguró que la salud es gratis en Nicaragua.
Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado sandinista y médico de profesión, Gustavo Porras, quiso aclarar también que esta nueva autoridad no es para cobrar servicios médicos, sino para regular y controlar los productos.
«Ahorita la que lleva la función es la Dirección de Regulación Sanitaria y tiene una serie de servicios que están tarifados, pero no son servicios de atención a la gente, son servicios de permisología para importación de medicamentos o para la inscripción o registros de marcas de medicamento, de laboratorios o de insumos médicos, o incluso de alimentos empacados, porque todo eso tiene que ser empacado», dijo Porras en ese momento.
El régimen orteguista usó el sistema de salud como instrumento de represión contra los opositores que protestaron en 2018, negándole la atención médica a los heridos en los ataques armados de la PO y parapolicías.
