Sin una orden judicial o información oficial, solamente con orientaciones de agentes de la policía o bloqueo de patrullas en las puertas principales, los exreos políticos continúan sin libertad, sin derecho a salir de sus casas, fincas, municipios o departamentos. Al ser consultados de por qué se encuentran vigilando estas viviendas los agentes de policía guardan silencio.
Flor Ramírez, conocida como la señora del huipil azul y blanco, relató que lleva 16 meses de vivir el asedio policial. Si logra salir la siguen y la detienen y en una ocasión fue regresada a la fuerza, arrastrada por dos oficiales hasta su casa después de caminar unas cuadras.
Ramírez ha sido detenida cinco veces desde 2018, dos de ellas llevada a “El Chipote”. “Me interrogan como delincuente, que quién me financia, que dónde me reúno, que si tenemos armas. En el Chipote una vez me desnudaron. Me quitaron toda la ropa”, relató.
Lea también: Doña Flor, la señora del huipil, denuncia haber sido detenida por la PO por andar la bandera de Nicaragua en su bolso.
En las cinco detenciones la liberaron sin acusarla de ningún delito, ni decirle por qué la detenían. La penúltima vez fue detenida en una parada de bus y en una ocasión tomó un taxi en la Universidad Centroamericana y una patrulla más adelante la detuvo. Se llevó e interrogó a los pasajeros. Ella, una señora y una niña de alrededor de 11 años.
Comentó que la policía es quien le ha dicho que no puede salir. Que recibió la visita de Pablo Cuevas porque quería hacer denuncia a nivel internacional sobre el asedio a opositores y se lo llevaron detenido.
Indicó que permanentemente son tres oficiales los que se mantienen frente a su casa y si ella intenta salir llega una patrulla.
Consideró que este asedio es un atropello a sus derechos humanos, como mujer y persona mayor de edad. Indica que no sale del cuarto más que al baño y a veces al patio. Al porche no se asoma porque está la policía y ella padece de la presión.
Por su parte Ricardo Baltodano, ex reo político y quien ha denunciado la violación de derechos humanos de los presos políticos ha contado ya 167 días de asedio policial. Con oficiales frente a su casa y conos de señalización.
Escuche nuestro podcast: Presos políticos privados de sus derechos humanos
Por “golpista”
Byron Estrada, ex reo político relató que un comisionado, de forma grosera le dijo que no podía entrar a León, donde vive su familia. “Yo fui a visitar a mi familia. Ellos nos identificaron, pararon el carro. El comisionado grotesco, grosero, me dijo eso: Esta es la última vez que te permito que vengas a León, tenés prohibida la entrada y me dijo los tres puntos: por golpista, desestabilizas la tranquilidad de la ciudad y tercero porque sos un delincuente”.
Estrada junto a otros presos políticos firmó la “hoja de libertad” frente al Nuncio y representantes de la OEA, pidieron copia pero no se les entregó. “Pedimos copia para ver qué es lo que vamos a poder hacer y qué no. Porque hacía un resumen de los delitos pero no decían si estabas en libertad o no”, relató y aseguró que tampoco se les informó sobre esta especie de arresto domiciliar o el asedio policial.
“Desde el segundo día que yo salí la policía no me ha dejado. Hablamos del 12 de junio de 2019. La casa asediada, mi familia amenazada. No nos dejan trabajar. Han cerrado y nos saquearon un gimnasio. Nos dicen que no tenemos derecho a trabajar y ya llevamos año y medio. El saqueo fue la policía, el propio comisionado. Se llevaron completamente el gimnasio. Lo que le dijeron a mi familia es que no pueden tener ese gimnasio, teniendo su matrícula e inscripción del negocio”, agregó.
Para evitar ser detenido y el asedio de la policía cambia de casa. “Así voy de día en día, de casa en casa. Cambiando de lugares cada semana, porque igual podés dañar a la persona que te da posada”, dijo.
“Ojalá no me encuentren donde estoy, para pasar Navidad tranquilo”, expresó.
Amnistía a medias
Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, consideró que el Estado despoja a la policía de su labor de servicios al pueblo, para convertirla en un aparato represivo.
Comentó que esta forma de “casa por cárcel”, podría responder a las sanciones a la policía y al Estado por tener a los reos en condiciones de hacinamiento. “Han optado por una nueva modalidad y son estos sistemas de arrestos domiciliario”, señaló.
Remarcó que la policía no puede atribuirse ordenar a alguien no salir de su casa, pero el “Estado-partido”, dispone de todos los poderes e instituciones para crear estos métodos de represión. Señaló que el arresto domiciliar es una estrategia a la demanda de “libertad de presos políticos”, al darles libertad, pero tenerlos presos en sus casas.
“Es para disminuir la presión internacional, pero con un método que es totalmente violatorio a los debidos procesos. Tenemos presos políticos con cargos inventados y otros presos sin ser acusados por ningún delito. A estas personas con arresto domiciliar no les han puesto cargo y lo que queda es disponer de la policía y agentes para estatales, para resguardarlos y evitar cualquier expresión de ciudadanía en Nicaragua”, explicó.
Manifestó que el Estado dispone de Nicaragua a su “gusto y antojo”. “Byron no puede regresar a León, Medardo Mairena no puede salir de Managua. Han venido a violentar cualquier libertad en Nicaragua y como colectivo decíamos que este año ha sido el año de las violaciones a las libertadas. Libertad de prensa, libertad de expresión. La libertad individual. El Estado ha venido a crear casa por cárcel, municipio por cárcel, departamento por cárcel, fincas por cárceles en el caso de la familia Montenegro. Como parte de evitar cualquier expresión de ciudadanía de cara a las elecciones”, detalló.
Añadió que esta medida también podría ser aplicara para evitar que ex reos políticos acudan a ejercer su derecho al voto.
Sin respaldo legal
Indicó que la Ley de Amnistía indicaba “Conceda amplia amnistía”, por lo que no debería estarse presentando el asedio policial.
“Esto no tiene ningún respaldo legal. Es una violación al debido proceso. Ninguna de estas personas ha sido procesada ni se ha dictado por medio de un juez un arresto domiciliar. Lo que está cometiendo la policía Nacional contra estas personas es un acto ilegal y violatorio a las garantías constitucionales y al debido proceso, contemplado en el código procesal penal”, explicó Valdivia.
